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Producto de la crisis económica, acentuada por la pandemia, México está sufriendo un fuerte retroceso económico y social. La falta de apoyos sustanciales de este gobierno a empresas y trabajadores para mitigar la actual crisis económica y la ausencia de un sistema de seguridad social universal, está impactando en mayor medida a la clase media y a los pobres. Los programas sociales vigentes, por su enfoque asistencialista/clientelar, tendrán efecto limitado en materia de desarrollo equitativo e intergeneracional. Además, no hay mejor política social que la creación de empleos y éstos no podrán generarse en forma suficiente, en una economía que, de seguir en la ruta que vamos, no va a crecer en el sexenio.
La crisis económica está teniendo un impacto social devastador. Es la peor que se ha vivido desde la gran Depresión de 1929. De acuerdo con cifras del INEGI (https://bit.ly/3mI8Cuv), a mediados de octubre de este año, poco más de un millón del total de 4.9 millones de establecimientos MIPYMES habían cerrado (20.81%) y 80% habían sufrido disminución de ingresos. Se han perdido 1.14 millones de empleos formales y alrededor de 5.5 millones de empleos informales, ya considerando los casi 6 millones que –de menor calidad- se han recuperado de abril a la fecha. Al cierre de 2020, CONEVAL estima que en el país habrá 10 millones más de pobres, con lo que habrá poco más de 70 millones.
El panorama económico del próximo año no hace preveer que la situación vaya a mejorar mucho en materia de empleo si la economía no crece más. Si bien empezará una recuperación económica, esta será moderada y a partir de una economía más chica de la que teníamos en 2019. El Fondo Monetario Internacional estima que en 2020 la economía cayó 9% y que la recuperación será de 3.5% este año (ver en http://bit.ly/2LrjnTT). Esta caída es brutal. México será la segunda economía que más habrá caido en 2020, entre los países emergentes, sólo superada por el decrecimiento de la India: -10.3%.
Iniciativas para prohibir el outsourcing, el hostigamiento fiscal que están viviendo las empresas para que paguen más impuestos y los ataques a las energías renovables, no está ayudando a fomentar la inversión. Tampoco ayuda el desperdicio de recursos en los megaproyectos de infraestructura, ni el rescate de PEMEX. Esto último, en vez de tratar de atraer inversión privada al sector. Por eso no sorprende que cada vez más se hable de la posible perdida del grado de inversión del país en el corto o mediano plazo.
En lo social, no nos estamos moviendo -como se requeriría para avanzar a una sociedad más equitativa- hacia un sistema de seguridad social universal, desvinculado del empleo y financiado con impuestos generales producto de una verdadera Reforma Hacendaria. Esto ha ocasionado que la mayoría de la población carezca de acceso a un sistema de salud pública de calidad para atenderse por COVID-19 y otras enfermedades. La desaparición en este sexenio de los programas sociales POP (Progresa-Oportunidades-Prospera) que combatían la pobreza vía transferencias monetarias, condicionadas al fortalecimiento de las capacidades de salud y educación de los hijos de las beneficiarias, y su sustitución por otros de índole asistencialistas, afectarán las posibilidades de movilidad social de las futuras generaciones. También representan un riesgo a la democracia al buscar condicionarlos al voto. La eliminación del seguro popular y su remplazo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), es un retroceso en el acceso a la salud de calidad de aquellos que carecen de seguridad social.
En suma, que la política económica y social de la administración de López Obrador, hasta ahorita, ha sido un retroceso en materia de desarrollo para el país. Sobre esa mala base se construye el 2021, lo cual no ayuda a las perspectivas. Sin embargo, las elecciones de este año representan la oportunidad de restablecer los contrapesos perdidos en el 2018 y así tratar de contener el desastre. Promovamos un voto masivo que ayude a minimizar el impacto del voto clientelar.