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El pago de pensiones es una presión creciente para las finanzas públicas de los próximos dos sexenios, advierten datos de los Criterios de Política Económica para el 2017.
Para el siguiente año se estima que el Gobierno federal pagará 720 mil 100 millones de pesos por pensiones del IMSS, ISSSTE, Pemex y otros compromisos de seguridad social.
Este monto significa 88 mil 600 millones más de lo gastado este año y equivale a un incremento real de 14 por ciento, según los Criterios.
El gasto en pensiones y jubilaciones será equivalente al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2017 y aumentará cada año paulatinamente hasta alcanzar 4.4 por ciento en el 2022, anticipa.
Los Criterios explican que este estimado considera que las pensiones y jubilaciones aumentan cada año 7.8 por ciento real, según estudios actuariales y el comportamiento observado.
Asimismo, menciona que la presión por este gasto alcance su máximo en el siguiente año, y las presiones para las finanzas públicas disminuyan gradualmente hasta el 2029, debido principalmente a que se trata de un periodo de transición.
Sin embargo, Raúl Feliz, investigador del CIDE, señaló que el crecimiento en gasto de pensiones en los próximos 10 o 20 años será mucho mayor porque el sistema de cuentas de Afore no garantiza rentas en la vejez para los trabajadores inscritos.
“El Gobierno va a tener que poner dinero. Me preocupa que se pueda pensar que con un sistema de contribución definida, se van a aliviar las finanzas públicas hacia el futuro”, comentó.
“Eso no es cierto, porque la contribución a la Afore no es suficiente para pagar pensiones razonables”.
Cálculos actualizados para el 2015 detallan que el pasivo por pensiones, es decir, el monto de todas las obligaciones ya adquiridas por los derechohabientes de diversos sistemas públicos, equivale a 49 por ciento del PIB.
Enrique Díaz-Infante, director del programa del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias (CEEY), indicó que la presión es mayor porque ese 49 por ciento no considera los pasivos pensionarios de Gobiernos locales que no han reformado sus sistemas de pensiones, ni universidades públicas.
“Urge hacer un inventario con todos los sistemas de pensiones y conocer el nivel de fondeo que tienen”, exhortó.
Raúl Feliz, investigador del CIDE, concluyó que la deuda pensionaría es uno de los factores inerciales del gasto que va seguir creciendo hacia adelante y va a presionar las finanzas públicas.
Este artículo apareció el lunes 12 de septiembre 2016 en Reforma.