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El Gobierno del Presidente López Obrador tiene la mira puesta en concentrar más poder, mantenerlo y usufructuarlo al máximo, mientras pueda. Busca aprovechar con todo el desbalance actual de fuerzas que existe a su favor, para realizar aquellos nombramientos y cambios legales que le permitan amarrar sus políticas y pagar deudas electorales antes que las elecciones del 2021, le compliquen todo. Por eso, la semana pasada vimos a la 4T meter con urgencia en el Senado, y en forma burda, el acelerador a fondo para concretar las iniciativas de ley que el Ejecutivo sometió a su consideración en materia de captación de moneda extranjera y de pensiones. También para sacar adelante los nombramientos que, para BANXICO, INEGI y TESOFE, el Ejecutivo sometió a su consideración. Lo anterior sin importarle mucho sacrificar el Estado de Derecho y poner en riesgo la economía del país.
La iniciativa de reforma a los artículos a los artículos 20 y 34 y la adición de los artículos 20 bis y 20 ter, todos de la Ley de Banco de México, propuestos por el Senador Monreal -líder de Morena en la Cámara Alta- fueron aprobados por dicho partido y sus aliados en esa instancia, pese a la advertencia de Banco de México del riesgo que estos cambios legislativos implican de un eventual congelamiento de las reservas internacionales (USD$ 194 mil millones de dólares) por parte de agencias extranjeras encargadas de combate al lavado de dinero. Dos de los Subgobernadores del Banco Central (Jonathan Heath y Gerardo Esquivel) manifestaron vía twitter que esta reforma era para beneficiar a una empresa financiera incapaz de repatriar a los Estados Unidos los dólares por ella captados. El periódico Reforma, el Semanario Proceso y Bloomberg, y algunos columnistas del primero de estos medios (Cármen Aristegui y René Delgado) fueron más explícitos en señalar que esta modificación legal era para beneficiar a Banco Azteca, que tiene problemas para reintroducir a Estados Unidos sus divisas.
La presión ha subido a tal grado, que luce improbable que este cambio legal se apruebe en los términos de la iniciativa enviada por la Cámara de origen a la de Diputados. Sin embargo, este hecho deja muy mal sabor de boca y mucho material para la reflexión. Resulta fundamental echarle lupa al entramado de relaciones e intereses detrás de la coalición en el poder. También cabe preguntarse si esta reforma es parte de un arreglo para compensar a Grupo Salinas por la afectación que pudiera sufrir dicho Grupo Financiero por la modificación pensionaria también aprobada la semana pasada.
La reforma en materia de ahorro para el retiro que se aprobó pudiera afectar a Afore Azteca, y a otras enfocadas al segmento popular. Dicha reforma consistió en un cambio al artículo 37 de la Ley del SAR a fin de establecer un tope máximo a las comisiones que pueden cobrar las Afores. Si bien es necesaria la disminución del costo de las comisiones, la forma en que se hizo estuvo mal. Contrario a la opinión de la COFECE y de la mayoría de los especialistas en la materia, se estableció en forma arbitraria y sin ningún parámetro razonable, que el cobro de comisiones que podrán cobrar las administradoras de fondos para el retiro sobre saldos administrados, será el resultado del promedio aritmético aplicable en Estados Unidos de América (.45%), Colombia (.62%) y Chile (.54%). Actualmente en México el promedio de dicha comisión es de .92%. Este control de precios es ilegal y afecta a las Afores que dependen más de la comisión para sobrevivir -como es el caso de Afore Azteca- ya que la mayoría de sus clientes perciben salarios precarios y/o tienen trabajos inestables. Seguramente las administradoras afectadas procederán a ampararse y ganarán el juicio, con lo que se dejará sin efectos ese cambio. Si ese fuera el caso, las Afores “perjudicadas” no sufrirán daño y el Presidente y Morena, podrán presumir en campaña, ante sus electores, esta “modificación legal”, que el poder judicial no le permitió implementar, y todos contentos. ¿Será?
Los nombramientos de la semana pasada ratificados por el Senado para diferentes organismos autónomos y puestos de gobierno deben también ser analizados bajo esta lógica del poder. A propuesta del Presidente López Obrador, el Senado designó –entre otros funcionarios- a Galia Gómez, como subgobernadora de Banco de México, a Elvira Concheiro, al frente de la TESOFE y a Graciela Márquez como vicepresidente del INEGI. Tatiana Clouthier fue nombrada directamente por el Jefe del Ejecutivo como Secretaria de Economía. De los nombramientos anteriores llaman la atención por su falta idoneidad para el puesto, el de Clouthier, pero sobre todo el de Concheiro. Ninguna de las dos ha ejercido posiciones administrativas de alto nivel en su carrera profesional, ni lucen con las capacidades técnicas necesarias para sus respectivos cargos. Clouthier, es licenciada en Lenguas Inglesas con maestría en Administración Pública. Concheiro es una académica de carrera de la UNAM especializada en marxismo y con estudios de licenciatura, maestría y doctorado en sociología. Ambas designaciones mandan males señales a la opinión pública en cuanto al aprecio que López Obrador tiene de la administración profesional de los recursos públicos y de la atención debida al sector productivo. Pareciera ser también que al Presidente ve en estos nombramientos una de sus últimas oportunidades –antes de que cambie la correlación de fuerzas- de colocar arbitrariamente a sus incondicionales o para cumplir el pago de deudas de campaña.
Así, en el marco de las elecciones de julio del próximo año, estamos viendo a una 4T que está metiendo el acelerador a fondo para consolidar su proyecto de concentración de poder, usufructuarlo y pagar compromisos de campaña, antes de que las circunstancias le cambien desfavorablemente. Ante la falta de los contrapesos legislativos y de un poder judicial que no ha demostrado ser un contrapeso eficaz, esperemos que la presión de los grupos de poder económico e internacionales alcancen para contener al Ejecutivo hasta en tanto las elecciones del próximo año empiezan a recomponer el balance de fuerzas de nuestra maltrecha democracia.
*Investigador del CEEY. Twitter: @ediazinfante. Correo: enrique.diazinfante@ceey.org.mx. Columna publicada originalmente en Arena Pública el 15 de diciembre de 2020.