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A una compañera del trabajo un prestamista informal le robó $10 mil pesos que le había pedido como comisión por otorgarle un crédito, mismo que nunca le dio. José, el trabajador de una constructora familiar, perdió los ahorros de su vida porque su esposa los depositó en una “tanda”. Arturo, compañero del deportivo, logró con un pequeño préstamo familiar y con un crédito-proveedor emprender su negocio de fabricación de agujas. La informalidad del mismo, incentivada por la regulación fiscal, le impide pedir un crédito bancario que le ayude a crecer más.
En México, según cifras proporcionadas en el Foro Internacional de Inclusión Financiera , celebrado el pasado 26 de junio, el acceso al sistema financiero es un problema real que afecta el desarrollo de las personas. Sólo 12% de los mexicanos de escasos recursos tiene acceso al sistema financiero (la media mundial es de 50%). El 60% de los connacionales recurre a mecanismos informales con el costo y riesgo que esto implica. El 80% de los emprendedores inician un negocio con ahorros propios o con préstamos de familiares sin apoyos del sistema financiero. De acuerdo con el Gobierno , existen 53 millones de personas en condición de pobreza y 11.5 millones en pobreza extrema. Muchos podrían mejorar su situación si gozaran de acceso a servicios financieros competitivos, seguros y de calidad.
La inclusión financiera busca “ampliar el sistema financiero y hacerlo más accesible a la población de las naciones menos prósperas.”** Facilita, entre otras cuestiones, que el individuo pueda, con educación y conocimiento suficiente, ahorrar en forma segura, obtener créditos de vivienda y protegerse contra diversos riesgos. Asimismo, propicia el que se pueda vivir una vejez digna con los ahorros de una pensión para el retiro. Al cumplir estas funciones, el sistema financiero acompaña al individuo para que tenga un tránsito más seguro y pleno por la vida.
La exclusión financiera en México se debe a problemas en la oferta y en la demanda de los servicios respectivos. Por el lado de la oferta, vemos que resulta poco redituable para los bancos grandes acercar sus servicios a las comunidades rurales y servir a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Instalar una sucursal bancaria para captar los ahorros del público y otorgar créditos implica altos costos de infraestructura y de nómina que sólo pueden solventarse cuando se atiende un gran volumen de clientes. La falta de documentación necesaria –incluidos los de identidad personal- dificulta el poder abrir una cuenta. Otorgar crédito a pequeñas y medianas empresas que carecen de una contabilidad creíble resulta muy caro, pues debe investigarse caso por caso la capacidad de repago de las empresas. Por el lado de la demanda, la desconfianza por parte de los usuarios en las instituciones financieras es el factor que afecta mayormente el que se acerquen a éstas.***
Dada la importancia de la inclusión financiera para el crecimiento y desarrollo del país, el Gobierno debe continuar en su esfuerzo de incentivar y fomentar el que se atiendan las necesidades de ahorro, crédito y de seguros de las personas y unidades empresariales pequeñas y medianas. La manera más eficiente de cubrir este mercado es a través de instituciones como las cajas de ahorro popular y las sociedades financieras populares (SOFIPOS), quienes sí son capaces de servir al pequeño usuario en forma costeable. Para atender a las MIPYMES, son mejor opción las SOFOMES, los bancos de nicho y los medianos, quienes pueden redituablemente trabajar de cerca con el cliente y reaccionar a sus necesidades.
El tipo de políticas que pueden ayudar a la inclusión financiera tienen que ver con la protección gubernamental a los depósitos que se realicenen las cajas de ahorro –a fin de generar confianza- y con el fomento del ahorro a través de instrumentos sencillos, tipo bonos del ahorro nacional. El financiamiento saludable a las MIPYMES debería impulsarse por la banca de desarrollo vía fondos de inversión que capitalicen temporalmente a aquellas que cuenten con un buen plan de negocio, sean innovadoras y tengan liderazgo gerencial. Impulsar el endeudamiento de MIPYMES inviables, como pretende la Reforma Financiera (artículos 31 y 65 de la Ley de Instituciones de Crédito), puede afectar las finanzas públicas, y eventualmente a los pobres, generando inflación y devaluaciones.
Concluyendo, la inclusión financiera es una importante herramienta de combate a la pobreza. Sin embargo, por lo que toca al aspecto del financiamiento, éste debe darse a favor de los usuarios correctos y en la forma debida para evitar futuras crisis económicas que acaben dañando más a los pobres.
Este artículo apareció el jueves 24 de julio 2014 en CNN.