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Enrique Díaz-Infante Chapa* y Edgar Francisco Pérez Medina **
Tras el convulso año de 2022 —marcado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, las variaciones en los precios de las materias primas y el apretamiento de las condiciones financieras para controlar las presiones inflacionarias—, en el 2023 no se vislumbra luz al final del túnel. Por lo mismo, este año, las proyecciones de distintos organismos han ajustado a la baja sus pronósticos de crecimiento económico. Esto no son buenas noticias para el impulso a la movilidad social, que esta intrínsecamente relacionada con el crecimiento y la igualdad de oportunidades para su logro.
Estas perspectivas poco alentadoras para el país se presentan en el contexto de una economía que no ha logrado despegar a lo largo del sexenio. Como resultado de la pandemia por COVID-19 y las acciones implementadas para evitar su propagación, la actividad económica del país presentó un severo deterioro en 2020, ya que, en términos reales, el PIB registró una caída anual de -8.7%. Esto después de un mal arranque de sexenio que nació tocado en su relación con la iniciativa privada luego de la muy cuestionable decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México —como demuestra Guillermo Woo (2022) en su investigación “Las consecuencias del pecado original”, ganadora del Premio MEY—. Y si bien a partir de 2021 la actividad económica ha venido recuperándose, impulsada por la demanda externa, apenas ha recuperado el terreno perdido tras los efectos adversos de la pandemia.
Para 2023 el panorama luce gris. El World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, prevé una mayor desaceleración de la actividad económica global respecto a lo que se anticipaba hace unos meses. Esta revisión a la baja de los pronósticos de crecimiento muestra un elevado nivel de incertidumbre y riesgo en razón de distintos factores. Entre estos destacan el apretamiento de las condiciones financieras internacionales originado a partir del ciclo de alzas en las tasas de interés de referencia de la FED y del resto de bancos centrales, para contener la inflación persistentemente elevada. Esto pudiera conducir a un debilitamiento del consumo privado y del mercado laboral en detrimento del crecimiento y de los indicadores sociales de algunas de las principales economías.
A lo anterior, se suma la incertidumbre asociada a las múltiples tensiones geopolíticas y sociales que se han desenvuelto recientemente. Entre estas destacan considerablemente la crisis energética y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, debido a sus posibles repercusiones sobre las interrupciones en el suministro de gas y otras materias primas a nivel internacional. Asimismo, la escalada en la tensión política entre Estados Unidos y China puede generar un panorama adverso para el comercio y la inversión. Sobresalen igualmente los riesgos relativos a los brotes de COVID-19 en China que podrían generar restricciones a la movilidad y, en consecuencia, disrupciones en las cadenas de suministro global, así como el deterioro del sector inmobiliario en ese país.
Debido al complejo entorno por el que atraviesa la economía global, se espera que repercuta en una menor demanda externa ocasionando una disminución del dinamismo del crecimiento económico en México durante 2023. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha ajustado a la baja su estimación para el crecimiento de la economía mexicana a un 1.5%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene su expectativa en 1.2%. Para el Banco de México, la expectativa de crecimiento se ubica entre 1.0 y 2.6%, con una estimación central de 1.8%. En contraparte, las instituciones del sistema financiero son menos optimistas: el consenso permaneció en 0.9% en las últimas dos encuestas Citibanamex de Expectativas. De manera contrastante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta estimaciones sumamente optimistas, pues considera que en 2023 el PIB tendrá un repunte de 3%.
Aunado a los riesgos del sector externo, es importante destacar las posibles controversias relacionadas con el T-MEC, que podrían contribuir a generar un clima de incertidumbre para la inversión en detrimento del PIB. De igual forma, entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México, de acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, realizada por el Banco de México en diciembre de 2022, están los factores relacionados con la gobernanza. El 44% de los especialistas consideran que, a nivel general, los temas como la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la incertidumbre política interna seguirán afectando la senda de crecimiento económico de México.
Las presiones inflacionarias siguen sumamente elevadas, pero se prevé que el incremento de precios vaya cediendo. De acuerdo con el Banco de México la inflación general presentará notarias disminuciones a lo largo de 2023. Su previsión es que para el cuarto trimestre de 2023 la inflación ascienda a 4.1% y prevé alcanzar su objetivo de inflación hasta el tercer trimestre de 2024. Sin embargo, tanto la OCDE como la Encuesta Citibanamex de Expectativas, presentan pronósticos que difieren de los del banco central y que sitúan a la inflación en mayores niveles: 5.7% y 5.1% en variación anual, respectivamente.
Ante las presiones inflacionarias, la Junta de Gobierno del Banxico ha venido aumentando el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día para situarlo actualmente en 10.50%, acumulando 650 pb (puntos base) desde el inicio del actual ciclo de alzas de tasas en junio de 2022. Los miembros de la Junta de Gobierno han mostrado sus intenciones de mantener el ciclo de alzas en la tasa de referencia, por lo menos hasta el primer trimestre de 2023, dejando en claro que la magnitud y velocidad de los incrementos estarán en función de las condiciones de la economía.
Durante 2022 el mercado de trabajo mostró fortaleza. Las tasas de desocupación nacional y urbana se colocaron en niveles menores a lo observado previo a la emergencia sanitaria. En cambio, la tasa de participación laboral se encuentra en un nivel en el cual aún no se recupera a lo observado previo a la contingencia sanitaria, ubicándose en 60.28% de la población de 15 años y más para octubre de 2022. Además, existe más informalidad tras la pandemia. La tasa de informalidad laboral en octubre de 2022 se ubicó en un nivel de 27.88%, tasa aún superior a la que se observó en el primer trimestre de 2020, de 27.27%.
Los altos niveles de inflación han afectado los salarios reales y la masa salarial; sin embargo, el incremento del salario mínimo y la creación de empleo han contribuido a contener el deterioro del mercado laboral. De acuerdo con BBVA Research el salario real ha permanecido 3.2% por encima de sus niveles anteriores a la contingencia sanitara, mientras que la masa salarial se ha ubicado 8.7% superior. La desaceleración de la economía prevista para 2023 tendrá un efecto negativo sobre el mercado laboral, por lo cual BBVA Research augura que el empleo formal presentará un crecimiento interanual de fin de 2022 de 2.5%, equivalente a la creación de 520 mil empleos. Lo anterior está en concordancia con las estimaciones realizadas por Banco de México, quienes prevén la creación de entre 450 y 650 mil puestos de trabajo para el próximo año.
Con respecto a la conducción de la política fiscal, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), existen presiones persistentes sobre el erario público, particularmente el costo financiero de la deuda pública, el pago de pensiones y las participaciones federales. Estos posibles focos de alerta presionan a las arcas públicas a ampliar el déficit presupuestal tradicional y limitan la capacidad fiscal para hacer frente a las adversidades macroeconómicas que nos enfrentaremos el año entrante. El PPEF 2023 propone un costo de la deuda de 1.1 billón de pesos, cifra equivalente a 3.4% del PIB, sin embargo, este monto se basa en estimaciones realizadas dentro de un panorama plagado de incertidumbre que puede alterar el monto de deuda.
Las presiones persistentes sobre el erario público limitan los recursos para realizar política pública con inversiones en capital físico y humano, debido a que la mayoría de presupuesto será orientado al pago de las obligaciones adquiridas por el gobierno federal. No quedará espacio fiscal para brindar bienes y servicios básicos a la población en general, ni a la más vulnerable. De acuerdo con cálculos realizados por el CIEP para 2023, se tendría un espacio fiscal de 4 mil 751.2 pesos por persona para realizar políticas públicas, 2.8% menos que lo previsto en 2022. Esta reducción limitará súbitamente la posible reasignación de recursos o servicios básicos, como la provisión de los de salud, educación y cuidados, lacerando de forma particular a los más desposeídos.
Así, la provisión de servicios básicos como los de salud, educación y cuidados presenta importantes disminuciones o sus montos son insuficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 de acuerdo con las necesidades del país, lo cual tendrá consecuencias negativas para la movilidad social. Los programas presupuestarios que destinan recursos a la atención de primera infancia, con acceso a seguridad social, presentan un detrimento real del -2.7% con respecto a Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Por otro lado, el gasto en educación presenta un incremento de 4.5% respecto a 2022. Con este magro aumento presupuestal se pretende abatir los efectos en el aprendizaje tras los estragos de la pandemia por COVID-19. Dentro del Paquete Económico 2023 se propone un incremento de 4.2% para el gasto en salud (CIEP, 2022).
Para el 2023, se augura una desaceleración económica. Esta tendencia, con algunos componentes de la demanda sin recuperarse de la crisis sanitaria, generará bajo crecimiento económico, lo cual limitará las posibilidades de redistribución e inversión en capital humano y, por ende, contribuirá a la persistencia de las desigualdades. La subida de tasas de interés conducirá a un debilitamiento del consumo privado, así como del mercado laboral, y generará un aumento en los costos del financiamiento ocasionado una baja en la inversión, en detrimento del crecimiento. Las presiones sobre el gasto limitarán los recursos para realizar política pública focalizada, sin poder realizar los aportes suficientes sobre la educación, la salud y los cuidados. Lo anterior mantendrá a nuestro país en el cuadrante actual de bajo crecimiento y alta desigualdad económica, lo que seguirá limitando las posibilidades de impulsar la movilidad social.
Referencias
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*Director de Sistema Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Artículo publicado originalmente en Este País el 2 de enero de 2023.
**Analista de investigación en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.