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El pasado 22 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual está pendiente de ser sancionada por el pleno de los senadores. De validarse bajo sus términos —por lo que toca al rescate de los ahorradores—, esta ley sería un portento populista. En sus artículos transitorios, la misma establece que a los ahorradores de Ficrea se les pagará, en lo individual, la cantidad de un millón de pesos adicionales a los 132,000 que cubre el seguro de depósito. Según declaraciones del secretario de Hacienda, el monto total del rescate a cargo del contribuyente será de 2,600 millones de pesos.
Ficrea no representa un riesgo a la estabilidad del sistema financiero. No hay peligro alguno de que su liquidación signifique una corrida financiera de pánico que afecte a otras instituciones. El fondeo a sus créditos viene de las inversiones de los tenedores de pagarés, por lo que no está interconectada con otros bancos. De acuerdo con la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión[1] tiene apenas 6,800 ahorradores y sus activos suman 7,070 millones de pesos[2]. Según declaraciones del presidente de la CNBV, al momento de la intervención gerencial a Ficrea, éstos representaban 15 centavos de cada 100 pesos prestados en el sistema financiero: irrelevante sistémicamente hablando.
Entonces, ¿por qué rescatar a los ahorradores de Ficrea? Por paternalismo populista. Se ha argumentado que no apoyarlos podría afectar la confianza en el sector del ahorro popular. Más daño hace el riesgo que fomenta entre los intermediarios y los ahorradores este tipo de rescates. En el dictamen de ley “se reconoce el papel fundamental de las sociedades financieras populares… en la inclusión al sistema financiero de las personas de… sectores sociales menos favorecidos” (p IV). Si bien es cierto que México tiene un problema de falta de ahorro entre la población de escasos recursos –que no en la de medianos y altos–, y que casos como el de Ficrea no ayudan a construir la confianza de este segmento de la población en la figura de las Sofipo, el rescate a estos ahorradores no es el mensaje correcto. Éste debilita los incentivos para que los usuarios coadyuven con la autoridad en supervisar estas entidades y las castiguen al sacar sus ahorros cuando éstas actúen indebidamente.
Alguien que tiene al menos un millón 132,000 pesos para invertir –que es lo que recibirá cada ahorrador–, no pareciera ubicarse dentro de “los sectores sociales menos favorecidos”. De acuerdo con cálculos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, con base en datos de la ENOE-2014, el 86% de la población gana menos de 6,516 pesos al mes. Si ese sueldo lo ahorrara íntegramente una persona, el tiempo que le tomaría ahorrar esa cantidad sería de 174 meses (14.5 años). Claramente, la población apoyada no se ubica entre la más pobre.
Este rescate favorece, en términos generales, al segmento poblacional ubicado en la punta de la pirámide socioeconómica. El público defraudado eran inversionistas que buscaban obtener utilidades anuales arriba del 10% de capital invertido, en una época en que los Cetes pagan rendimientos cercanos al 3.4%. Era gente que debiera tener la educación financiera suficiente para entender los riesgos que tomaban. Nosotros, los contribuyentes, no recibimos los intereses de sus inversiones, ¿por qué, entonces, vamos a asumir los costos? Lo procedente sería que se les pagara el seguro de depósito, y con el patrimonio de la sociedad se liquidara el resto, hasta donde alcance.
Por lo demás, la iniciativa de la Ley de Ahorro y Crédito Popular presenta aspectos interesantes que fortalecen la supervisión y la regulación prudencial de las Sofipo. Estas entidades son auténticos bancos que captan y colocan, por lo que eventualmente pudieran dañar al sistema financiero en caso de interconectarse con éste y tener un crecimiento descontrolado. Por eso, en adelante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través de un fideicomiso, supervisará a estos intermediarios, que están llamados a cubrir un rol fundamental de dar acceso al crédito a las mipymes y de facilitar el ahorro entre las clases populares, cuestiones ambas que tanto se requieren.
En conclusión, el rescate de Ficrea no se justifica desde el punto de vista de estabilidad financiera. Estamos frente a un acto paternalista que debilita los mecanismos de disciplina de mercado. Esperemos que el Senado detenga este desfalco al contribuyente.
[1]El Economista. “Gobierno aportará $2,600 millones para caso Ficrea”, abril-14-2015.
[2]Estados Financieros Consolidados de Ficrea a noviembre de 2014 y publicados por CNBV.
Este artículo apareció el viernes 22 de mayo 2015 en Forbes.