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El martes 8 de septiembre, se presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico de 2016. El mismo es prudente al tratar de contener el gasto y avanza en disminuir el endeudamiento en que se incurrió en la primera mitad del sexenio, cuando se creía que con las reformas estructurales “nuestro problema ahora iba a ser administrar la abundancia” (sic. López Portillo). La normalización de la política monetaria de la Fed, la caída de los precios del petróleo y la desaceleración de China nos han regresado a la realidad. El nombre del juego ahora se llama: menos gasto, menos deuda y más ahorro e inversión para dinamizar el mercado interno.
El presupuesto propuesto es de 4 billones 746 mil 946 millones de pesos (97 mil millones menos que el ejercido en 2015). Se elaboró considerando la alta volatilidad existente a nivel internacional. En estas circunstancias, los Criterios Generales prevén para 2016 un crecimiento del PIB de entre 2.6 por ciento y 3.6 por ciento, una inflación del 3 por ciento, un tipo de cambio de 15.9 por ciento, un precio del petróleo de 50 dólares y un balance fiscal de -.5 por ciento (si consideramos a Pemex y CFE, éste es de -3 por ciento).
El crecimiento previsto es bajo si consideramos las necesidades de desarrollo del País. El mismo se queda corto de la meta prometida de crecimiento por el Gobierno para 2016 en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (4.9 por ciento), una vez aprobadas las reformas estructurales. De acuerdo con la OCDE, el nivel de crecimiento previsto para este año no permite generar el millón de empleos formales y de calidad que requiere anualmente el País.
Para alentar la economía familiar, el paquete económico no contempla crear más impuestos ni subir los existentes; en cambio, libera los precios de la gasolina para que éstos se muevan según lo determine el mercado. Lo anterior beneficiará principalmente a los estratos medios y bajos de la pirámide que cuentan con automóvil. De acuerdo con estudios preliminares del CEEY, los impuestos a la gasolina, junto con los especiales a alimentos y bebidas calóricos de 2014, afectaron negativamente el ingreso de las clases medias y populares, y asimismo podrían ser causantes de los 2 millones de pobres adicionales.
Con base en el incremento de la pobreza es que el presupuesto apoya el gasto social. Lo malo es que parte de éste se utiliza para cubrir pensiones y jubilaciones de ex empleados del IMSS y del ISSSTE. Se trata de un gasto corriente ineludible pero inequitativo e inútil para el crecimiento y combate a la pobreza.
Dadas las limitaciones del Gobierno para invertir más, el Paquete Económico busca incentivar la participación de los privados. Se crean nuevos vehículos de inversión en energía e infraestructura vía el mercado de valores, se permite la deducción acelerada de las inversiones en pymes -lo cual debe incrementar su formalidad y productividad- y se quita el límite de deducibilidad a las aportaciones voluntarias al ahorro para el retiro.
El presupuesto también le disminuye recursos a SHCP, Economía y SCT, los cuales son menores en 40, 26.9 y 25 por ciento, respectivamente, a los ejercidos en 2015. Esperemos que la tijera no afecte al Inadem (Emprendedores) ni al Fondo Pymes, y más bien racionalice su gasto. En el caso de Comunicaciones y Transportes, el recorte parece razonable, pues muchos de los proyectos de infraestructura serán Asociaciones Público Privadas (APP), donde los particulares pondrán los recursos para la construcción respectiva.
Para el combate a la pobreza no se afecta el presupuesto, lo que es bueno… en principio. Pareciera ser que las políticas asistenciales han ayudado a mitigar la pérdida de ingreso sufrida por la Reforma Fiscal. Lo malo es que muchas de estas políticas basadas en regalar dinero y bienes no son sustentables en el tiempo, no generan riqueza y son fácilmente utilizables con fines electoreros.
Dado que la deuda pasó de 33.9 por ciento del PIB en 2011 a 47.9 por ciento en 2016, a consecuencia de las cuentas alegres de crecimiento del Gobierno, ahora se propone para el próximo año una reducción del déficit público para quedar en 0.5 por ciento del PIB. También se utilizará al menos el 70 por ciento del remanente de operación del Banco de México para prepagar deuda. Se busca mandar un mensaje de confianza y credibilidad a los mercados, se anuncia que se propondrá la ratificación de Carstens al frente de Banco de México.
En suma, ante el temporal en las finanzas internacionales, se pretende empezar a controlar la deuda y el gasto, y se busca aumentar la inversión privada y la productividad del país. La estrategia es la correcta, esperemos se mantenga ese rumbo.
Este artículo apareció el viernes 01 de enero 2016 en Reforma.
