AMLO y los próximos jubilados: la reforma que viene

Andrés Manuel López Obrador parece tener en mente una reforma al sistema de pensiones, y un buen punto de principio como lo indican los expertos en la materia, es modificar la edad de jubilación de 65 a 68 años de edad. El asunto tiene aristas relevantes no solo desde el punto de vista económico o financiero sino hasta en lo social; todo a partir de su intención de doblar la cantidad de apoyo que reciben las persona adultas mayores.

A inicios de septiembre, Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, detalló que entre los cambios a los beneficios sociales estaría el otorgar la pensión a los adultos mayores de 68 años y no a partir de los 65, como ocurre actualmente.

En el mismo sentido, ante los industriales del país, Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos, adelantó que el presidente electo propondrá una reforma de pensiones en la segunda mitad de su sexenio, en la cual se valorará aumentar la edad de jubilación.

A su vez destacó que como parte de la universalización de la pensión, desde el primer día de 2019, las reglas de operación fijarán la edad de 68 años para acceder al programa; aclaró que todos los beneficiarios que reciben actualmente el apoyo lo seguirán manteniendo como un compromiso con ese grupo de la población.

De inicio los expertos advierten que este planteamiento tiene que ver con un asunto presupuestal. En entrevista Abraham Vergara Contreras, coordinador de licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana explica que el equipo de AMLO ha detectado que los ingresos disponibles no alcanzan para cumplir con las promesas de entregar un apoyo universal al doble.

Sirva esto de pretexto para recordar con algunos números “fríos e inclementes” de la “bomba de tiempo” latente que enfrentan las finanzas nacionales por el tema de las pensiones y el futuro que estaría por alcanzar a toda una generación de mexicanos:

– México gasta 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) para cubrir las pensiones de los trabajadores retirados. En 2025 dicha cifra subirá a 4.5% indica el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

– Para ese mismo periodo diez millones vivirán en pobreza; 15.3 millones padecerán enfermedades crónico-degenerativas.

– En 2050 habrá 24.3 millones de adultos mayores; de los cuales 6.3 millones deberán sobrevivir sin una pensión, reportó la Asociación Mexicana de Afores.

Es así que ese “ligero ajuste” de tres años más para solicitar en tiempo y forma una jubilación es “un tanque de oxígeno” al Estado mexicano; un grupo de expertos consultados en medios subrayan que promovería la bancarización, elevaría el consumo interno y el crecimiento de la economía.

Bajo ese ambiente político y social  se “vendería” la necesidad de hacer una reforma integral. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) lo plantea como la ventana de oportunidad para la homologación de todos los sistemas de pensiones en México y que funcionen bajo un esquema de cuentas individualizadas, como el SAR y las afores: hablamos de IMSS, ISSSTE, Universidades y Pemex.

En el aspecto positivo del incremento positivo Enrique Díaz Infante Chapa, director del Programa de Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, agrega que si el gobierno de AMLO aprovecha su mayoría del Congreso y hace dicha reforma, “liberaría una buena parte de las presiones que ejercen las pensiones sobre las finanzas públicas”.

Además aumentaría el periodo de ahorro y las aportaciones que los trabajadores realizan en su cuenta individual de Afores o esquema de pensiones: de igual manera disminuyen las partidas presupuestarias para tal efecto, que hoy salen de los impuestos.

El lado oscuro de todo esto, y que bien podría aprovechar alguna fuerzas política de oposición, es recordar lo que han vivido países como España, Estados Unidos e incluso Rusia, donde el “estado de bienestar” se reduce para mantener la viabilidad financiera nacional. Aunque hay argumentos sólidos, las protestas “revientan” en las calles exigiendo detener medidas de ese tipo: aumentar la edad de jubilación pues se habla de “explotación” y “violación a los derechos”.

La paradoja se hará presente en nuestro entorno tarde que temprano: garantizar que sectores vulnerables tengan acceso a la salud, a la vivienda, a la educación y demás rubros, tiene un costo muy alto: finalmente debe financiarse a través de los impuestos, y este es un asunto de disposición para elevarlos y de la distribución correcta de los recursos fiscales. En el sexenio que viene la decisión tocará a un gobierno y un Congreso que se asumen como de izquierda.

Este artículo apareció el jueves 20 de septiembre 2018 en Político.mx

Posted in: Artículos