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El tema del análisis de las comisiones bancarias no es trivial como para que el Congreso tome atribuciones, pero sí quizá sea una llamada de atención por parte del Legislativo hacia el sector bancario para que revalorice tomar cartas al respecto, y de entablar mesas de negociación que lleven a buen puerto y en beneficio de los consumidores.
Así lo aseveró Enrique Díaz-Infante Chapa, director especialista del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), al exponer que de las 17 comisiones bancarias en controversia, algunas son ciertamente “nocivas y perniciosas”, como las de Terminal Punto de Venta (TPV), para incentivar la inclusión financiera y la bancarización.
“Hay algunas que sí deben eliminarse, pero también hay otras que pudiera ser necesario que se sigan cobrando, si responden a una racionalidad de riesgo para la recuperación del crédito”, admitió.
En entrevista, el especialista agregó que el tema reveló y puso en el foco la existencia de un problema público de costo del crédito por resolver en el país, pero que debe ser revisado por las autoridades correspondientes.
“Es un tema complejo que puede pegar en la estabilidad financiera, ante lo cual se necesita un estudio especializado”, sentenció.
Expresó que reducir las comisiones o costos del crédito y de los servicios o productos bancarios no es garantía de que hacia delante la inclusión financiera y la bancarización alcancen en México un nivel más cercano al promedio de América Latina.
Ello también dependerá de la disposición de los bancos para mantener su actividad, de ver afectadas sus ganancias, así como de la calidad, para que crezca la cartera y las oportunidades existentes de recuperación, añadió.
Explicó que el análisis sobre el costo del financiamiento en México y de las comisiones bancarias sólo debe ser abordado por el Banco de México (Banxico) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otras autoridades financieras.
“En el tema de las comisiones, el camino que establece la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, según el artículo cuarto, es que esto lo determine el Banco de México, escuchando la opinión de la Cofece, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Condusef, y no de forma unilateral por el Congreso”, dijo.
Díaz-Infante Chapa consideró que la mayoría parlamentaria de Morena en ambas Cámaras legislativas enrarecería el proceso de discusión de la iniciativa propuesta, al anticipar una alta probabilidad de aprobación.
“Cualquier cosa que proponga Morena debe darse a conocer con mucho cuidado, pues en la práctica se da como un hecho por la falta de contrapesos políticos que se opongan, no hay nada que los detenga”, manifestó.
Refirió que la intención de la fracción parlamentaria de ese partido por intervenir sobre áreas que por ley sólo le competen al banco central y otras instituciones financieras en México, expone una mayor incertidumbre interna y externa sobre la promesa del próximo gobierno por respetar la autonomía del Banxico.
Luego de reiterar que determinar si los costos del crédito o de los servicios financieros en el país y de las comisiones intrínsecas son aristas de competencia exclusiva del instituto central y de otras autoridades financieras, apuntó que posiblemente existan algunos excesos de costos y cobros por parte de los bancos comerciales en los servicios y productos que ofrecen.
Ello, si se hacen comparaciones con industrias similares de otros países y de la evaluación de las extraordinarias ganancias que registra el sector en el país, agregó Díaz-Infante Chapa.
Expuso que la banca múltiple no puede excusar los cobros de comisiones y otros costos sólo en la más reducida masa crítica de usuarios respecto de otras economías, pues la proporción poblacional mexicana con servicios bancarios podría no ser tan representativa bajo dicho argumento.
“La penetración del crédito al sector privado es mucho más baja de la que existe en América Latina; en México está en alrededor de 35 por ciento, mientras que en América Latina es de 50 por ciento”, refirió.
Manifestó que los banqueros pueden decir que no se está creando una masa crítica suficiente para bajar comisiones, pero consideran una población de 130 millones de habitantes y de que están bancarizado de 35 a 40 por ciento, es decir, “estamos hablando más o menos de 50 millones de personas”.
El directivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias estimó que hablar de 50 millones de mexicanos con servicios financieros y bancarios, expone a toda luz que existe una relevante “masa crítica” para que la banca múltiple baje el costo del crédito y de las comisiones sin afectar la rentabilidad del negocio del sector.
Este artículo apareció el jueves 22 de noviembre 2018 en 20minutos.