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Esperemos que la implementación de estas medidas anunciadas sea exitosa, en el entendido de que sus logros dependerán también, en gran medida, de cuestiones exógenas al sistema financiero.
La Convención Bancaria celebrada el pasado 11 y 12 de marzo bajo el título “La Banca como Impulsor del Crecimiento Económico 2021”, al estar marcada por la pandemia, fue bastante atípica pero no por eso menos sustanciosa.
Se celebró en el patio central del Club de Banqueros de la Ciudad de México, con apenas algunas decenas de asistentes presenciales, siendo que, normalmente, el evento se realizaba en Acapulco y con la concurrencia de varias centenas de banqueros y funcionarios públicos de alto nivel. El resto de los participantes se conectaron al evento a través de video. Quizás éste vaya a ser el formato que prive en futuros encuentros: una reducida asistencia presencial y el resto de los participantes atendiendo a la distancia por video.
El sentimiento entre los asistentes presenciales fue de optimismo moderado. El mismo muy probablemente estaba alimentado por el ajuste al alza de los pronósticos de crecimiento, por la fortaleza actual de la banca que le permite estar en buena forma para apoyar el financiamiento de la reactivación económica y por los todavía sólidos fundamentales de la economía. También, por saberse los banqueros –contrario a lo ocurrido en crisis anteriores- parte de la solución de la actual y no los causantes de la misma.
Previo al evento, los pronósticos de crecimiento del país se elevaron por parte de Banco de México a 4.8% para 2021 y a 3.3% para 2022. Esto, en razón de que se espera que Estados Unidos crezca 5.5% este año, gracias a la inyección reciente de 1.9 billones de dólares a la economía de aquel país y a su exitosa campaña de vacunación contra el COVID-19. Dicha inyección gubernamental de recursos detonará el consumo en aquel país, en beneficio de las exportaciones mexicanas. Pero el crecimiento que se detone aquí sólo será sostenible si, entre otras cosas, hacemos la tarea en materia de vacunación, en mejorar el Estado de Derecho y del ambiente de negocios.
Los fundamentales de finanzas públicas del país siguen siendo sólidos, aunque están deteriorándose paulatinamente. El país cuenta con reservas internacionales de $195 mil millones de dólares y se tiene todavía acceso a la línea contingente del Fondo Monetario Internacional por $61 mil mdd. Sin embargo, la deuda –sin contar el pasivo pensionario y la oculta a través de Asociaciones Público Privadas y otros instrumentos de pago diferido- ya está en niveles de 63% del PIB. Al respecto, es importante destacar que la administración del Presidente López Obrador recibió la deuda en 2018 en 45% del PIB. Este aumento de los pasivos públicos es consecuencia de la falta de crecimiento de la economía y del aumento del tipo de cambio.
El incremento de deuda se dio a pesar de que México, inexplicablemente, no hizo uso de la deuda para implementar una política contra-cíclica de apoyo a las empresas y a los trabajadores a fin de mitigar la caída de la economía en 2020 (-8.5%, según cifras del INEGI) lo que habría ayudado a que la recuperación actual fuera sostenible y más contundente. Vamos a ver ahora cómo afecta a la misma el incremento de tasas de interés en Estados Unidos, que seguramente aplicará la FED para contener los posibles impactos inflacionarios de su política fiscal expansiva.
La solidez actual de la banca, se ve reflejada en un índice de capitalización de 17.7% de sus activos (el marco regulatorio de Basilea III pide 10%), un Índice de Morosidad de 2.7% y un alto índice de liquidez. En la Convención, se resaltó las atinadas medidas tomadas por las autoridades financieras y por la banca, al inicio de la pandemia, para evitar que la crisis económica fuera también financiera. Se difirieron por 6 meses el pago de créditos, se reestructuraron muchos de estos sin que los bancos tuvieran que constituir reservas y sus clientes se vieran afectados en su historial crediticio por las respectivas moras.
Se comentó también que, una vez terminada la prórroga a los deudores, dentro de los créditos que solicitaron diferimiento de pago, los que más han caído en mora son los de consumo (nómina, personal, microcréditos y los de consumo duradero). Esto es entendible en el contexto de la pérdida de empleos y la disminución de ingresos en los hogares que estamos viviendo y por la reformulación de prioridades en el gasto de las familias. Dicha morosidad ha llevado -con cargo a un menor reparto de utilidades- a aumentar en 52 mil millones de pesos las reservas de los bancos. También se dijo que, no obstante dicha solidez, existen algunas instituciones pequeñas que representan el .5% de los activos del sistema, que tendrán que fortalecer su capital. Esto es un anuncio velado de que seguramente vendrán fusiones y liquidaciones de instituciones bancarias chicas.
Asimismo, se señaló que el problema que ahora enfrenta la banca es que no hay demanda por el crédito que ofrece, con la consecuencia negativa que esto tiene para el crecimiento del país. Dicha ausencia de demanda de crédito se debe, entre otras razones, a lo oneroso del mismo, a la inseguridad jurídica que vivimos y al mal ambiente de negocios que existe.
Por lo que toca al costo del crédito, el Secretario Herrera informó de una serie de medidas que se han tomado al respecto, tales como la disminución tanto de reservas de capital como de la tasa de fondeo. De acuerdo con el Secretario de Hacienda, los menores requerimientos de capital se traducirían en reducciones de tasas. “Para créditos hipotecarios de 17 por ciento de donde están ahora, es decir, podrían pasar, si la tasa de interés fuera del 12 por ciento (a) alrededor del 10 por ciento; para los créditos personales entre el 12 y el 15 por ciento, y para los créditos en tarjeta de crédito, podrán caer hasta en un 30 por ciento.” En ese mismo sentido, en la inauguración, el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, señaló de la reducción de 300 puntos que a lo largo de 2020 ha aplicado el instituto central en la tasa de interés interbancaria hasta llegar al 4% actual, lo cual disminuye el costo de fondeo.
También se habló de la necesidad de impulsar, para tales efectos de reducción del costo del dinero, la competencia a través de facilitar la comparabilidad de precios por parte del consumidor y de fomentar la educación financiera para así avanzar la disciplina de mercado en el sector financiero. Dichos castigos por parte del consumidor, no son fáciles de aplicar en el mercado bancario, dadas las barreras de entrada y salida que existen para el consumidor (ie. comprobantes de ingresos e historial crediticio –en un mercado laboral precario y golpeado por la crisis-, puntos de acceso y comisiones, entre otros), y dada la deficiente educación financiera con que contamos los usuarios de la banca. Sin embargo, es correcto avanzar en esa dirección. Esperemos que estas decisiones de reducción en las reservas de capital, en el costo de fondeo y en facilitar la comparabilidad de precios, se vean reflejadas en el tiempo, efectivamente, en menores tasas de interés al consumidor y no se queden simplemente en beneficio de los bancos.
Para efecto de avanzar el crecimiento sostenido e incluyente, el Gobernador de Banco de México, en su intervención, señaló que se tiene que contar, “(e)n primer lugar (con) un efectivo Estado de Derecho que genere certidumbre sobre aspectos esenciales como la seguridad personal, la propiedad y el cumplimiento de contratos. Segundo, (con) bases sólidas en materia de educación y salud para todos, a fin de que se nivelen oportunidades y se rompan círculos ancestrales de inequidad y pobreza. Tercero, (con) políticas públicas que estimulen la eficiencia y la competencia en beneficio de los consumidores y que promuevan la inversión de largo plazo. Y, cuarto, (con) una conducción macroeconómica sólida con estabilidad de precios, estabilidad financiera y un buen funcionamiento de los sistemas de pagos.”
En relación al Estado de Derecho en el país, cabe señalar que de acuerdo con el índice mundial de Estado de Derecho que realiza el Proyecto Mundial de Justicia (WJP) que evalúa a 128 países en temas de límites al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia criminal, México se encuentra en el lugar 104 de 128 países evaluados. En 2018, México estaba clasificado en el lugar 92. Hemos descendido de entonces a la fecha 12 posiciones en este índice que es considerado el más completo a nivel mundial para evaluar el Estado de Derecho.
Complementaría la reflexión del Gobernador Díaz de Leon sobre lo que el país requiere para crecer, con lo señalado días antes, el 4 de marzo, por Jane Fraser, la CEO de Citigroup y por Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo de Administración de ese banco, en la reunión de Consejo de Citibanamex.
La primera, llamó a asegurar la confianza y mejorar el ambiente de negocios del país. El segundo, lamentó que una vez que se lograron aprobar las reformas estructurales por las que se luchó por más de 20 años a fin de hacer más competitiva a la economía, ahora “nos enfrentamos a la carencia de ideas para implementarlas adecuadamente, pero mucho más grave, a un cambio en la estrategia que parece no tener rumbo definido y ese sería el centro del problema en la actualidad”. Reflexiones profundas que calan hondo por verdaderas y por ser hechas en medio de la lucha jurisdiccional entre el sector privado y el gobierno, por la iniciativa de reformas del Presidente a la Ley de la Industria Eléctrica que cambia las reglas del juego a la inversión en ese sector y que, por lo mismo, son expropiatorias al privar a los particulares de eventuales ganancias esperadas resultado de sus inversiones en el sector.
Para efectos de lograr un mayor crecimiento incluyente se habló de las acciones que se han tomado en apoyo a la bancarización tanto de los migrantes, a fin de favorecer el envío de remesas, y de las mujeres. Las remesas el año pasado superaron los $40 mil mdd gracias a los apoyos fiscales en Estados Unidos, a contar con un tipo de cambio competitivo y a la contracción económica de México que incentivó la migración. También, al probable envío masivo de recursos ilícitos provenientes del narco. Al respecto, el Secretario Herrera habló de las medidas de apoyo a los migrantes para que puedan abrir cuentas en forma remota en el Banco del Bienestar y de la ampliación del número de municipios en los que se autoriza a las instituciones bancarias, directamente o a través de corresponsales, a efectuar operaciones con dólares en efectivo. Esperemos que la regulación y supervisión por parte de la CNBV, sea la debida para cuidar que el Banco del Bienestar no sea utilizado por el crimen organizado para lavar dinero.
Para una mayor inclusión financiera de las mujeres se anunciaron incentivos regulatorios y medidas interesantes de diferente tipo. En relación a los primeros, se comentó que se van a reducir los requerimientos de reservas de capital en los créditos a ellas. También se dijo –por parte del Secretario Herrera- que se iban a implementar cambios normativos a fin de que las contrataciones de créditos y de personal sean a ciegas, es decir, sin conocer la identidad de las personas, a fin de evitar sesgos de género. En relación al empoderamiento, se habló de incorporar a más mujeres en la estructura de los comités de las entidades del sistema financiero. Esto, para darles más voz a ellas y entender y atender mejor sus necesidades.
En relación al tema de género, vale señalar también el gran impacto social y de crecimiento de la Economía, que tiene la inclusión financiera y competitiva de las mujeres. Uno de los hallazgos más importantes del estudio sobre Inclusión Financiera de las Mujeres para la Movilidad Social del CEEY, de la autoría de Patricia López Rodríguez, es en relación a la importancia que la inclusión financiera de ellas tiene en su desarrollo personal y en el de sus hijos. Esto, en razón de que a falta de un sistema de seguridad social universal en México y uno educativo totalmente gratuito, la evidencia demuestra que ellas destinan una tercera parte de los créditos que contratan, al gasto en salud y educación de sus hijos en beneficio de la formación de capital humano con impactos positivos en crecimiento del país.
En suma, que fue una convención atípica en cuanto a formato y sustanciosa en contenido. Se destacaron las medidas tomadas para evitar que la crisis económica se tradujera también en financiera. Se anunciaron medidas para detonar el crecimiento a partir de la reducción del costo del crédito y del fomento a la inclusión financiera, especialmente de las mujeres y los migrantes. Esperemos que la implementación de estas medidas sea exitosa, en el entendido de que sus logros dependerán también, en gran medida, de cuestiones exógenas al sistema financiero. Dentro de éstas, como ya mencionamos aquí, destacan las ligadas al Estado de Derecho y al ambiente de negocios, entre otras, y sobre las cuales, mucho podría hacer el gobierno del Presidente López Obrador.