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21-02-2021 17:00
La crisis económica actual ha tenido un impacto negativo brutal en el desarrollo social de la población, provocando retrocesos en el combate a la pobreza, a la desigualdad y en la movilidad social.
La crisis económica, producto de la pandemia y de las políticas de este gobierno en contra de la inversión privada está teniendo un impacto social devastador en el ingreso de las personas. La pérdida y precarización del empleo está afectando avances sociales en materia de pensiones y vivienda.
La pandemia ha exhibido también las malas políticas de esta administración en materia de salud. La falta de una economía de cuidados que facilite la inclusión de las mujeres al mercado laboral formal, ha agravado el daño social. Todo esto, se está viendo reflejado en el retroceso de los indicadores en materia de pobreza, desigualdad y movilidad social. Si como país no implementemos un sistema de seguridad social universal financiado con impuestos generales, producto de una verdadera Reforma Hacendaria, dificilmente lograremos revertir el daño y crecer en forma incluyente.
El INEGI informó que en 2020 la economía cayó 8.5% y que la recuperación no será tan fuerte. El “rebote económico” en 2021, estima el FMI, será de 3.5%. La recuperación económica será moderada no sólo por el cierre masivo de empresas que se vivió en el 2020, sino también por el mal ambiente de negocios que prevalece con este gobierno y por la incertidumbre electoral de este año (Ver Encuesta Banco de México).
Dicho ambiente negativo de negocios ha hecho que la inversión de capital fijo -la cual determina en mucho el crecimiento- caiga a niveles históricamente bajos. De acuerdo con información de la organización “México ¿cómo vamos?”, en el segundo trimestre de 2020, la inversión privada fue de 15.2% del PIB, mientras que la inversión pública fue de 2.7% del PIB. Este porcentaje de inversión, es el más bajo desde el segundo trimestre de 1996 cuando fue de 17.2% del PIB. Como referente, en 2008 (el año de la crisis financiera mundial) la inversión fue equivalente a 24.8% del PIB (6.8% de pública y 18% de privada).
El impacto social de este derrumbe económico ha sido brutal. En materia de empleo, de acuerdo con cifras del INEGI (https://bit.ly/3mI8Cuv), a mediados de octubre del año pasado, se habían perdido 1.14 millones de empleos formales y alrededor de 5.5 millones de informales producto del cierre del 20.81% de las MIPYMES. Esto, ya considerando los casi 6 millones de menor calidad (la mayoría de ellos eventuales) que se recuperaron de abril a octubre (sólo 500 mil de ellos en la formalidad).
La pérdida de empleos afectará el acceso y retención de vivienda de calidad para las familias mexicanas. El cierre de negocios y la pérdida de empleo ha complicado la contratación y pago de créditos hipotecarios. El financiamiento hipotecario, si bien había sido el único segmento de crédito en mantener un crecimiento sostenido durante 2020, ya empezó a demostrar debilitamiento. En abril del año pasado, la cartera hipotecaria de la banca comercial había crecido un notable 10.3%. En septiembre, su crecimiento nominal fue menor: 9.4%. Seguramente, continuará la tendencia decreciente, en línea con la merma de empleos. El Banco BBVA estima que la cartera vencida llegue a un nivel de 5 a 6% de un 3% actual, mismo que no considera afecte la solvencia del sector por estar provisionada y con buena garantía.
Sin embargo, para INFONAVIT y FOVISSTE –las instituciones públicas desarrolladoras de vivienda- el comportamiento de su cartera durante la pandemia no ha sido tan bueno como el de la banca privada. La morosidad del primero –que atiende a trabajadores privados en el segmento popular- fue de 14.9% en junio del año pasado y para el segundo –que atiende a los trabajadores al servicio del Estado- fue de 7.5%. Las cifras anteriores evidencian qué la pérdida de empleos ha sido peor entre los empleados del sector privado que entre los del sector público y más en el segmento socioeconómico de bajos y medianos ingresos que entre los de mayores ingresos.
Por otro lado, no se está haciendo nada por apoyar a las mujeres, siendo que es de los sectores de la población que más han sufrido la crisis por la pérdida de empleos y/o por su precarización. Su participación en el mercado laboral ya era baja antes de la crisis, en comparación con la de los hombres. Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (enigh 2016), únicamente 43.8 % de ellas participaba entonces en el mercado laboral frente a 77.5% de los hombres que lo hacía. Con la crisis, se espera que ésta disminuya aún más. Además, la mayoría de ellas trabaja en la informalidad y generalmente con salarios más bajos que los hombres.
Tal y como lo hemos propuesto en el CEEY, el Estado debería establecer, directa o indirectamente, una economía de cuidados que las releve de las funciones de cuidado de los menores, los adultos mayores y los enfermos. Estas labores generalmente se les asigna al interior de los hogares. Las consecuencias de «pobreza de tiempo» y los «altos costos de organización» que trae esto, afectan su inserción y permanencia en el mercado laboral (ver aquí). Contrario a esto, el Presidente López Obrador, al inicio de su administración canceló las estancias infantiles, que apoyaban a las mujeres que trabajan en la informalidad, en el cuidado de sus hijos.
El drama social que estamos viviendo por la crisis, se ha visto magnificado por el casi nulo apoyo del gobierno a las empresas (1% del PIB, el menor entre los países emergentes, donde el promedio ha sido de 6%). También se ha magnificado por las malas políticas sociales de este gobierno, tales como la desaparición de los programas sociales POP (Progresa-Oportunidades-Prospera) y la eliminación del seguro popular para remplazarlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual no termina de arrancar. Los programas POP combatían la pobreza vía transferencias monetarias, condicionadas al fortalecimiento de las capacidades de salud y educación de los hijos de las beneficiarias. Su sustitución por otros de índole asistencialista/electoral (ie “Jóvenes Construyendo el Futuro”; “Becas Benito Juárez”, “Tandas para el bienestar”) -que carecen de un enfoque intergeneracional- afectarán las posibilidades de movilidad social de las futuras generaciones.
Asimismo, la cancelación del Seguro Popular, es un retroceso en hacer eficaz el derecho a la salud para todos los mexicanos. El Seguro Popular había logrado dar acceso a la salud de calidad a los trabajadores informales y aquellos por cuenta propia, mediante un sistema de salud descentralizado que era financieramente sostenible al ser pagado -en forma tripartita- por el Estado, las entidades federativas y los beneficiarios.
El Seguro Popular ayudó a contener el empobrecimiento de las familias que, antes de que existiera, destinaban una cantidad importante de sus ingresos a cubrir gastos relacionados con salud, incluyendo aquellos para financiar enfermedades de alto costo y complejidad. Estos gastos catastróficos, cuando se actualizaban, los hundían a muchas familias aún más en la pobreza. En contrapartida, el INSABI ha centralizado la operación de los sistemas de salud, que, bajo el Seguro Popular, estaban a cargo de los secretarios de salud estatales. A decir del CONEVAL, el INSABI no está asegurando la existencia de pisos mínimos de protección social en salud para los mexicanos de forma equitativa y gratuita.
En materia de pensiones, este gobierno ha hecho cambios incrementales, necesarios y correctos para resolver los problemas de cobertura y monto, pero los mismos pudieran ser insostenibles –e incluso contraproducentes para las finanzas públicas- en ausencia de una reforma hacendaria. Universalizó las pensiones para adultos mayores y aumentó su monto de 580 a cerca de 1,350 pesos al mes (la canasta básica a nivel urbano cuesta 1,680 pesos).
Incrementó el monto de la pensión de las AFORES al subir las aportaciones obligatorias de 6.5% a 15% del salario base de cotización, pero con cargo al patrón, lo cual puede incentivar la informalidad. También avanzó en resolver el problema de la baja cobertura pensionaria al reducir de 1,250 a 750 las semanas de cotización requeridas para gozar de una pensión mínima garantizada, con el mayor costo que esto tendrá para el erario. Estos cambios ayudarán a que el 80% de los trabajadores formales se retiren con al menos una pensión mínima garantizada de alrededor de 4,300 pesos mensuales.
El problema de sostenibilidad para finanzas públicas que estos cambios en materia pensionaria representan, es considerable: 5.3% del PIB en 2020, siendo que en 2019 era de 3.5%. No se está impulsando una Reforma Hacendaria que ayude al pago del mayor número de pensiones mínimas garantizadas de muchos trabajadores que –además- cotizarán por menos tiempo. En su lugar, se sigue disminuyendo o no se está incrementando en la medida requerida, el porcentaje de recursos que se destinan a inversión de calidad en capital humano y físico la formación. Otro problema que la crisis ha traído es que, a falta de un seguro de desempleo, los trabajadores están teniendo que disponer de su ahorro acumulado en su AFORE, para sobrevivir mientras consiguen trabajo. Esto va a afectar la tasa de remplazo, es decir, el monto de la pensión que, como porcentaje del último sueldo, recibirán.
Todo lo anterior se ha traducido en un aumento de la pobreza y de la desigualdad, así como en un retroceso en movilidad social. A decir del CONEVAL, producto de la crisis, a los 60 millones de pobres por ingreso que había en 2019, se sumaron 10 millones más el año pasado. Ese consejo evaluador señalo que al tercer trimestre de 2020, el coeficiente de Gini (donde 0 corresponde a igualdad perfecta de ingresos y 1 a la desigualdad total, en razón de que una sola persona tiene todos los ingresos y el resto ninguno) aumentó de 0.49 a 0.54, en este año (ver aquí): de los perores del orbe.
Es de preverse que también los avances en movilidad social sufran retrocesos, pese a las buenas intenciones que el Presidente dice tener para impulsarla (ver su discurso). Lamentablemente, como aquí he argumentado, sus políticas en salud, protección social y en contra de la equidad de género, no avalan sus dichos. Tampoco su cancelación de la Reforma Educativa -la cual sería materia de otro análisis- validan su supuesto apoyo a la movilidad social.
En suma, que la crisis económica actual ha tenido un impacto negativo brutal en el crecimiento de la economía del país y en el desarrollo social de la población. Las políticas de este gobierno en contra del capital sólo han enrarecido el ambiente de negocios y desincentivado la inversión privada, necesaria para el crecimiento. Esto ha tenido consecuencias negativas en diversos aspectos sociales en materia de empleo, salud, vivienda, pensiones y en equidad de género, entre otras.
Todo lo anterior, ha provocado un retroceso en materia del combate a la pobreza y a la desigualdad y de avance de la movilidad social. La lección que deberíamos sacar de la crisis es que urge, como país, movernos a un sistema de seguridad social universal financiado con impuestos generales, producto de una Reforma Hacendaria (Ver propuesta del CEEY en “El México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar”). Esto, si es que realmente queremos vivir en una sociedad más equitativa, donde haya una mayor igualdad de oportunidades y mayor crecimiento.
Texto Publicado en Arena Pública el 21 de febrero de 2021
* Investigador del CEEY
Twitter: @ediazinfante