El Ejecutivo Federal no tiene facultades para aplicar memorándum: CEEY

“Ninguna reforma constitucional puede ser abrogada sólo con un memorándum presidencial. El Ejecutivo Federal no tiene facultades ni competencia para hacerlo. Una reforma, como la educativa, que fue aprobada por el Constituyente Permanente, es decir las dos terceras partes del Congreso de la Unión y el 50 por ciento más uno de las legislaturas locales (17), sólo puede ser abrogada por el Constituyente Permanente y el presidente no puede hacerlo en modo alguno”, sostuvo Enrique Díaz-Infante Chapa, jurista y director de seguridad social y finanzas del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Advirtió que la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de ordenar a sus subalternos, sólo con un simple memorándum, dejar sin efecto la reforma educativa necesariamente generará que se interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Si López Obrador quiere instruir y ordenar a su gabinete “lo que se le dé la gana, debe recordar que en México estamos en un Estado de Derecho” y su intención de abrogar la reforma educativa de esa manera “es absolutamente improcedente desde el punto de vista constitucional”. Si aún así quiere seguir adelante, “violaría completamente el Estado de derecho y eso sí es propio de un régimen dictatorial”.

El especialista consideró impensable y “absurdo de pies a cabeza” que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien además fue ministra de la SCJN, acate y ejecute los lineamientos marcados por el presidente en dicho memorándum, como dejar sin efecto la reforma educativa y que la Secretaría de Hacienda tenga el control de la nómina educativa.

Tras recibir una solicitud de acción de inconstituciolidad, la SCJN dicta en lo inmediato “la suspensión provisional de los actos”. Si Olga Sánchez, Carlos Urzúa y Esteban Moctezuma, titulares de las secretarías de Gobernación, Hacienda y de Educación Pública, a quienes López Obrador dirigió su memorándum, ejecutan los lineamientos que les ordenó, pueden ser señalado como autoridades responsables de desacato judicial e incluso enfrentar sanciones penales.

Díaz – Infante Chapa consideró que López Obrador “sólo está jugando a la política para decirle a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): ‘yo les prometí que iba a abrogar la reforma educativa, ya lo hice pero el Poder Judicial no quiso’, como una manera de no incumplir lo que les prometió a los maestros y, al mismo tiempo, lavarse las manos de ese compromiso.

“El presidente seguramente sabe perfectamente, como Julio Scherer, su consejero jurídico, que lo que está proponiendo es inconstitucional y echarán para atrás su memorandum. Se está divirtiendo con todos. Esto no pasa la prueba de la risa”, dijo. Incluso no descartó que legisladores de Morena presenten la acción de inconstitucionalidad, lo que serviría al mandatario para ufanarse de que hay división de poderes.

Sostuvo que basta un 33 por ciento de los legisladores federales para interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial, basado en el artículo 108 de la Constitución, referido a las responsabilidades de los servidores públicos. “Lo más seguro es que el presidente pierda y se declare invalida esa abrogación porque más que ir contra una ley, va contra la misma Constitución”, sentenció.