Enrique Díaz-Infante Chapa*

El pasado 1º de septiembre se cumplieron cuarenta años de la expropiación bancaria. Ese hecho inconstitucional llevado a cabo por el Presidente López Portillo, con el apoyo de los poderes de la Unión, tuvo consecuencias dramáticas para el desarrollo de la banca y del país. Reveló los riesgos que existen cuando se concentra el poder en una persona y no existen límites legales y contrapesos al mismo. Ahora que el país vive momentos de regresión democrática, resulta más que vigente reflexionar sobre este hecho para evitar repetir errores históricos similares. 

Las finanzas públicas actuales no exhiben un problema de deuda pública como el que llevó a López Portillo a tomar la medida irracional que representó la expropiación bancaria. Los niveles de deuda pública actuales (49% del PIB) están lejos de los que había en 1982 (74.7%) y los que llegaron a haber en 1984 (104.1% del PIB) después de la expropiación. A pesar de lo anterior, es importante resaltar que sí existen otros aspectos de las finanzas públicas actuales que son preocupantes, como  el nulo crecimiento de la economía, lo cual afecta la recaudación y puede elevar los niveles de deuda hacia final del sexenio. Cabe señalar que las expectativas de crecimiento de la economía durante todo el gobierno de López Obrador, de acuerdo con la encuesta de Banco de México, es de 1.81% (Ver a Gabriella Siller de Banco Base en https://bit.ly/3fWCDbo). Esto equivale a un crecimiento anual promedio de .30%. Ni en el Gobierno de Miguel de la Madrid, a quien le toco pagar los platos rotos de la docena trágica de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, se tuvo un crecimiento anual promedio tan raquítico: el crecimiento anual promedio fue de .58% en ese sexenio. 

Y aunque en materia de deuda pública no existen semejanzas entre el sexenio de López Portillo y el de López Obrador, sí existen similitudes preocupantes en materia política. Contrario a la promesa democrática que López Obrador enarboló como candidato a la Presidencia desde 2006, 2012 y 2018, actualmente, ya como titular del Ejecutivo, ha avanzado un proyecto de concentración del poder tipo Presidencialista, similar al que prevalecía en la época de la expropiación bancaria. El autoritarismo Presidencialista que entonces se vivía se caracterizaba, entre otras cuestiones, por la concentración de poder en la figura del Presidente de la República, quien contaba con el apoyo del PRI hegemónico (su partido) y a través del cual controlaba la Cámara de Diputados (y el Presupuesto), los congresos locales y a los gobernadores. Con el apoyo del tricolor, manejaba el Senado y dominaba al poder judicial a través de la designación y remoción discrecional de jueces. La gran diferencia entre el Presidencialismo de López Portillo y el Presidencialismo de López Obrador es que la modalidad actual está marcada por un fuerte rasgo militarista, que desde épocas de Miguel Alemán estaba ausente.

Esta reedición del Presidencialismo ha sido posible gracias a la existencia de un partido mayoritario como Morena en el Congreso y al acompañamiento de sus dos fieles satélites: el PVEM y el PT. Con ellos ya también controla 22 estados. A este arreglo partidista hay que agregar que eventualmente —cuando lo necesita, como lo fue en el caso de la aprobación de la iniciativa constitucional para pasar la Guardia Nacional al control del Ejército— parte importante del PRI lo apoya para darle las mayorías legislativas necesarias. El control de la Suprema Corte de Justicia lo tiene el titular del Ejecutivo a través de Arturo Zaldívar, actual Presidente del poder judicial y quien siempre está dispuesto, con el apoyo de tres ministros adicionales que nunca faltan, a bloquear cualquier acción de inconstitucionalidad que pretenda corregir alguna de sus reformas contrarias a la Carta Magna. Además, dentro de la Suprema Corte hay un mal arreglo constitucional establecido en el último párrafo del artículo 105 fracción II de la Constitución ( replicado en el artículo 72 de su Ley Reglamentaria)  que establece la necesidad de contar con 8 de los 11 votos posibles de los ministros para declarar la invalidez de normas inconstitucionales. De esta manera, López Obrador ha logrado —por la puerta de atrás— restablecer el Presidencialismo de los 80s.

Ahora bien, ¿sería posible que López Obrador, en su búsqueda por pasar a la historia,y con el poder que ha acumulado, cometa un despropósito similar al de la Expropiación Bancaria? No lo creo. Me parece muy improbable que, pese a que el arreglo institucional actual y la composición de fuerzas en el Congreso y en el Poder Judicial pudieran permitirlo, el sexenio cierre con alguna estatización grande. Esperaría que con la expropiación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México a principios de este sexenio y con la clausura de la planta cervecera de Constellation Brands —ambas acciones justificadas mediante consulta popular— el Presidente haya aprendido del pernicioso efecto que estos actos tienen para el crecimiento del país. Además, el penoso lugar que López Portillo ocupa en la historia nacional por la expropiación bancaria debiera disuadirlo de seguir sus pasos.

No obstante lo anterior, resulta relevante seguir recordando las consecuencias de la expropiación bancaria para evitar su repetición, máxime cuando hay semejanzas de carisma, pensamiento populista y obsesión con la historia entre López Portillo y López Obrador. Como bien apunta Manuel Espinosa Yglesias en su escrito “Logro y destrucción de un Ideal” (CEEY, 2007, pp. 31-2) López Portillo “fue un presidente muy querido por el pueblo los primeros años de su mandato, y tuvo la oportunidad extraordinaria y única de corregir los enormes errores de la administración anterior, de poner a México sobre sus propios pies y de encauzarlo sólidamente hacia un futuro mejor… (Llevó) a cabo obras colosales, faraónicas, que era imposible concluir en un sexenio… No dejó nada sino deudas”. Este párrafo pudiera aplicarse en gran medida a la persona del Presidente López Obrador y a sus obras como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Esperemos que las analogías no den para más.

La Expropiación Bancaria y sus consecuencias en el actual sistema bancario

López Portillo encontró en la Expropiación Bancaria la manera de salvarse —según él— ante el juicio de la historia mediante culpar a los banqueros por la grave crisis ocasionada por su pésimo manejo de las finanzas públicas. Había sobre-endeudado al país para desarrollar obras faraónicas de infraestructura, apostando arriesgadamente al aumento constante de los precios del petróleo y al inicio de la explotación en 1979 de Cantarell, el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo. Ante el desplome del precio del petróleo López Portillo se derrumbó también.

Este acto autoritario significó el principio de la decadencia del sistema bancario mexicano nacional, porque el financiamiento de largo plazo y a favor del sector productivo cedió lugar al financiamiento comercial a favor del gobierno. Con la banca estatizada, empezó un proceso de deterioro paulatino en sus capacidades humanas y de deterioro de sus activos. La bajada de sueldos le dificultó a la banca —en manos del gobierno— la retención de talento. Todo esto tuvo consecuencias negativas de largo plazo en el financiamiento al sector productivo, ya que limitó el avance de la movilidad social del país. Las lecciones que este hecho deja sobre los abusos del poder que pueden materializarse cuando se concentra el poder, son varias y vigentes.

Posteriormente, la liberalización financiera de principios de los 90s y la reprivatización posterior, generó el auge desbordado del crédito. Bajo ese contexto se dio la privatización de la banca entre 1991 y 1993 a favor de una nueva élite empresarial conformada esencialmente por casa bolseros —no de banqueros— quienes adquirieron los bancos a precios inflados entre 3 y 5 veces de su valor en libros. Esto fue una victoria pírrica que sembró la semilla de la crisis bancaria del 94/95. Los nuevos dueños privilegiaron el crédito caro al consumo y de corto plazo para recuperar rápido su inversión. También favorecieron los créditos relacionados con los accionistas de los bancos privatizados a fin de financiar sus empresas. Cuando estalló la crisis cambiaria de diciembre de 1994, el Estado se vio obligado a intervenir la banca, sanearla y, posteriormente, privatizarla en favor de bancos extranjeros a fin de lograr su capitalización.

Hoy en día tenemos una banca comercial esencialmente extranjera que tiene impacto limitado en el financiamiento al crecimiento y desarrollo del país. Es importante que los mexicanos y los gobiernos no olvidemos nunca la expropiación bancaria y sus consecuencias —máxime en tiempos de concentración de poder como los actuales—. Tener presente este hecho ayudará a evitar repetir este tipo de errores históricos con impactos en el tiempo.

*Director de Sistema Financiero del CEEY. Twitter: @ediazinfante. Correo: enrique.diazinfante@ceey.org.mx.

Columna publicada originalmente en Arena Pública el 11 de octubre de 2022.

Foto: Mediateca INAH