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Ante la urgencia que representa una reforma de pensiones en México, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) presentó una propuesta integral con el objetivo de que la población tenga una jubilación más digna.
Entre las iniciativas que puso sobre la mesa está que las aportaciones de los trabajadores suban de 6.5 a 13.5 por ciento del salario base, lo cual ayudaría a mejorar la tasa de reemplazo -porcentaje que recibirá de pensión un trabajador de su último salario – de 25 hasta 60 por ciento.
Jorge López Pérez, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF, reconoció que con esta medida no se tendría una tasa de reemplazo de 70 por ciento, que es deseable, pero esta iniciativa se complementaría con otras acciones como el ahorro voluntario.
En conferencia de prensa, López Pérez destacó que es necesario tener independencia en materia pensionaria, por lo que, como parte de su reforma, proponen crear el Instituto Nacional de Pensiones (INP), el cual se encargaría de manejar el Sistema Nacional de Pensiones, que también forma parte de su iniciativa.
La propuesta de reforma también contempla una pensión universal financiada con recursos públicos, cuyo acceso sea para toda la población sin tomar en cuenta si quienes la reciben ya cuentan con una pensión.
Sin embargo, Fernando López Macari, presidente del IMEF, dijo que si bien las “pensiones son urgentes, no se debe apresurar, no pensamos sacar una reforma al vapor. Se debe privilegiar la calidad y profundidad por encima de la velocidad”.
Las pensiones, que son consideradas como una bomba de tiempo, representan un pasivo contingente de 120 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y tienen un costo de 3.5 por ciento del presupuesto 2018, de acuerdo con Enrique Díaz, especialista en sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, quien advierte que para 2022 esta cifra aumentará a 4.5 por ciento.
Carlos Noriega, presidente de la Amafore, señaló recientemente que en 2050 habrá 24.3 millones de personas de 65 años y más, que representarán 20 por ciento de la población nacional.
De no tomarse las medidas necesarias, advirtió, 10 millones vivirán en pobreza, 6.3 millones no tendrán pensión y 15.3 millones sufrirán una enfermedad crónica-degenerativa.
Este artículo apareció el martes 25 de desptiembre 2018 en El Heraldo de México.