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El contexto de pobreza, desigualdad e inmovilidad social en que vivimos los mexicanos es altamente peligroso y caldo de cultivo para levantamientos sociales. Protestas como las que hemos vivido continuamente con motivo de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, por lo mismo, generan mucha inquietud. Según datos del gobierno, existen en el país 53 millones de personas en condición de pobreza y 11.5 millones de ellos en condición de pobreza extrema. Esto equivale a casi la mitad de los 112 millones de mexicanos.
La inequidad en México es la peor de entre los países de la OCDE, solo superada por Chile. La pobreza aquí además es intergeneracional, lo cual denota la poca movilidad social que existe. En nuestro país, según resultados de la Encuesta de Movilidad Social (EMOVI) levantada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 48% de los mexicanos que provienen de los hogares más pobres se mantendrán ahí, con ingresos por hogar de 3,253 pesos. Solamente 4 de cada 100 mexicanos subirá al nivel más alto de la distribución socioeconómica (34,000 pesos por hogar) y únicamente 3 de cada 100 personas bajaran al nivel más pobre.[1] En suma, en México, en términos generales, si naces rico morirás rico y si naces pobre mueres pobre.
Todo esto es un caldo de cultivo peligroso para la violencia. Por eso, resulta urgente revertir esta situación de castas y avanzar hacia una sociedad meritocrática. Esto se logra con políticas económicas y sociales distributivas y con crecimiento económico. Dar acceso a la educación de calidad preescolar, básica y media a todos los mexicanos es indispensable. Trabajar las competencias de personalidad (autoestima y habilidades sociales) de los individuos desde la infancia es fundamental para generar mexicanos competitivos. Tener una política social que asegure el acceso a la salud de calidad así como tener altos niveles de crecimiento económico que permitan generar empleos bien remunerado resulta imperioso.
La inclusión financiera es también parte primordial de las políticas de fomento a la movilidad social. Tener un sistema financiero que permita ahorrar, acceder a créditos y cubrirse contra diversos riesgos se requiere si queremos generar individuos que sean agentes de su propio cambio. Poder ahorrar con seguridad para hacer frente a las necesidades de consumo de los individuos, estar en posibilidad de acceder a créditos competitivos para adquirir una vivienda o para invertir en un negocio, poder asegurarse contra riesgos de salud o patrimoniales y contar con una pensión suficiente para el retiro, son algunas de las funciones del sistema financiero formal que el Estado debe incentivar para avanzar el desarrollo de los individuos.
Tener acceso a crédito competitivo resulta fundamental para que las personas puedan emprender un negocio y generar ingresos. A decir de Muhamed Yunus (1999) poder disponer de crédito a costos razonables debiera ser considerado como un derecho humano por su importancia para que los individuos puedan salir de una situación de pobreza.[2] El que las Mipymes puedan acceder a financiamiento ayuda a la generación de empleos y es un insumo fundamental para su crecimiento. Esto crea más empleos y por lo mismo ingresos para que las personas puedan adquirir alimento, vestido, educación, salud y vivienda de calidad. Además, el financiamiento resulta vital para que jóvenes que no cuentan con riqueza familiar puedan iniciar un negocio.
No obstante esta importancia de las Mipymes en la generación de fuentes de trabajo -conforman más de 95% de las unidades empresariales del país, y son generadoras de 76% del empleo y en muchos casos una vía de ascenso social- sólo reciben 11% de crédito de la banca.
Por otra parte, la falta de ahorro suficiente de los mexicanos es un problema que tiene impacto no sólo para financiar iniciativas de negocio o hacer frente a las necesidades básicas, sino también para solventar los gastos para una vejez digna. La falta de ahorro para el retiro en forma suficiente eventualmente puede afectar la formación de capacidades de los integrantes más jóvenes del hogar. Recursos que pudieran utilizarse para asegurarles educación, alimentación, vivienda y salud de calidad, muchas veces deben destinarse al mantenimiento de los adultos mayores que carecen de ingreso y de pensión. Esto afecta las posibilidades de movilidad social de las generaciones venideras.
En suma, el contexto de pobreza, desigualdad y falta de movilidad social hace que en México dramas como el de Ayotzinapa pongan los nervios de punta al status quo. Si no avanzamos hacia una sociedad donde los accidentes de cuna no sean lo que determine la situación socioeconómica de las personas, la estabilidad social estará constantemente en riesgo. La inclusión financiera es una herramienta fundamental en esta ecuación.
Este artículo apareció el lunes 15 de diciembre 2014 en Forbes.