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El final de esta historia dejará claras dos noticias. Una, buena, para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La otra, mala, para los contribuyentes cautivos. En 2022, el gobierno captará más recursos, aunque la mayor parte de dichos ingresos provendrá del pago de impuestos de grandes contribuyentes y de los mismos de siempre. Los llamados para una reforma fiscal no fructificarán.
El lobbying de empresarios, despachos contables y de organizaciones de la sociedad civil para intentar incluir sus posturas en la Ley de Ingresos de la Federación 2022 no prosperará. Quizá, algunas de sus consideraciones sean tomadas en cuenta. Pero, finalmente, la llamada cuarta transformación sigue aquella máxima que dice que, contra el éxito no hay argumentos, y dado que piensa que su estrategia le ha generado montos históricos de recaudación, entonces, no hay razón alguna para guardar la calculadora.
El gobierno quiere más dinero. Sea como sea. No viene una reforma fiscal, pero sí una miscelánea con muchos dientes, que le permitirá sostener los actuales niveles de recaudación, independientemente del comportamiento que registre la pandemia.
El chicotazo es cuestión de tiempo. En vísperas del arranque de la próxima Legislatura en el Congreso, el paquete fiscal para el próximo año está casi listo. La iniciativa de Ley de Ingresos será recibida por los nuevos diputados el próximo 8 de septiembre y se espera que el partido del presidente, Morena, la apruebe, con todo y los aspavientos de la oposición. Después, pasaría al Senado para ser aprobada el 31 de octubre.
Así, los intentos de diversos stakeholders no han sido tomados en cuenta.
En marzo de este año se creó el llamado Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, encabezado por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, cuyo objetivo era dotar de sostenibilidad a las finanzas públicas, con un sentido de progresividad que construyera un nuevo acuerdo entre municipios, estados y Federación, pero sobre todo sentar las bases de un Estado de Bienestar.
Durante varios meses, organizaciones de la sociedad civil (como Fundar, OXFAM, IMCO, México Evalúa) e instituciones (Coneval, Colegio de México, UNAM) dotaron a Ramírez Cuellar de posturas que podrían dar vida a una reforma fiscal; por ejemplo, un impuesto mínimo para las grandes corporaciones, combatir la informalidad, la aplicación de una tasa generalizada al IVA, entre otras propuestas.
De acuerdo con los pronósticos de los mismos integrantes de dicho grupo de trabajo, sus posturas terminaron siendo una catarsis, pues aseguran que el gobierno ni los vio ni los escuchó. “Falta una reunión para dar por terminados los trabajos, pero no te podría decir si esto va a llegar a algún destino”, dice Enrique Díaz-Infante, integrante del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. “Nuestra posición quedó plasmada en ese documento y no creo que vaya a transitar”. (El CEEY sugería dotar de seguridad social a todos los mexicanos, lo que implica salud universal y el pago de una pensión mínima consistente en dos salarios mínimos, así como detonar ya los proyectos de infraestructura)
Este 31 de agosto es el último día para celebrar la última reunión del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, cuyo documento -en el mejor de los escenarios- servirá como material informativo para la próxima Legislatura.
Los organismos de representación empresarial, en tanto, no han tenido oportunidad de reunirse con el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para compartirle sus inquietudes en materia fiscal. Los empresarios están preocupados por el calibre que pudiera tener la Ley de Ingresos 2022 pues temen que se intensifique la persecución en su contra. Tampoco descartan alguna modificación en el Código Fiscal que grave la riqueza, el patrimonio, las herencias.
El año 2022 no será fácil para los contribuyentes. Junto con un necesario y urgente combate frontal a la evasión y elusión fiscales, viene un seguimiento más escrupuloso por parte de la autoridad fiscal hacia todos los contribuyentes; también, un incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Pero el gran dilema está en saber cómo el plan fiscal de Andrés Manuel López Obrador piensa promover el crecimiento, así como crear y sostener fuentes de trabajo. Cobrar impuestos es necesario, evidentemente, pero no es lo único. ¿Y la generación de riqueza?