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El diseño y planeación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) no sólo quedó a cargo de consultoras privadas y vinculadas con empresas beneficiadas por la Reforma Energética, como Evercore Partners, de Pedro Aspe Armella.
También, de acuerdo acuerdo con la agrupación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), esta nueva política del Gobierno federal anunciada como medio para “democratizar la productividad” en zonas de marginación económica, como el Itsmo de Tehuantepec, es un endurecimiento del modelo extractivista y un paso adelante en la privatización del territorio mexicano.
Estas zonas son: la del Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; la del Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, y la de Puerto Chiapas, en Chiapas.
“La Ley muestra un paso más allá, porque se le da a la iniciativa privada la posibilidad de gestionar territorios”, dice Patricia Legarreta, investigadora de PODER.
“Eso es algo diferente de cómo se han visto estos movimientos entre empresas y Gobierno, porque ahora directamente se le entrega al administrador, que pueden ser un inversionista, la capacidad para gestionar el territorio en términos de políticas públicas, y obliga a los autoridades municipales a alinear sus políticas para adoptarlas a las necesidades de las Zonas Económicas Especiales; es decir, les quita autonomía a los municipios”, agrega.
En un análisis sobre la Ley Federal de las Zonas Especiales Económicas (LFZEE) y su reglamento –publicados en junio de 2016–, Legarreta y Oscar Pineda, también investigador de Poder, advierten sobre la inconstitucionalidad de los nuevos ordenamientos que, señalan, convierten a agentes privados en autoridades de facto sobre polígonos ricos en recursos naturales, con capacidades para decidir sobre seguridad y tránsito de bienes y personas.
“Es de especial atención el inciso XII del artículo 33 de la LFZEE que asigna como responsabilidad del Administrador Integral la de ‘operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán presentarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia de las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas”, citan los autores en el análisis.
“Este apartado no sólo es inconstitucional, ya que atenta contra el derecho al libre tránsito, sino que es una amenaza directa a la soberanía nacional en tanto que un Administrador Integral puede ser una persona moral cuya atribución es decidir quién puede acceder a la zona o quién está atentando contra la seguridad de la misma. Esta disposición es regresiva y puede fomentar la conformación de cuerpos de seguridad ‘especiales’ o ad-hoc para resolver o disolver cualquier conflictividad social”, agrega el texto, publicado en la revista de la organización oaxaqueña Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
El riesgo de tales disposiciones, agrega Pineda en entrevista, es la “discrecionalidad” con la que la LFZEE permite actuar a las empresas privadas.
“Prácticamente les estás dando poderes fácticos sobre los territorios a particulares, y lo que nos preocupa es eso: que pueden dar licencias, subcontratar y brindar servicios, y uno de estos poderes, además recolectar los impuestos de la zona, es también decidir o determinar sobre el tránsito de personas o mercancías por las zonas”, advierte.
Las ZEE, de acuerdo la descripción del Gobierno federal, son áreas geográficas que se ubicarán “en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva”, como dice la Secretaría de Economía.
“Su objetivo es democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país. Algunos de los beneficios de los que estas zonas pueden gozar, son: fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales”, agrega la definición.
En respuesta a una solicitud de información entregada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras, que fue asignado por el Gobierno federal para el diseño de las ZEE), se menciona también que estas nuevas regiones son una política de fomento económico y desarrollo industrial “dirigida a focalizar en espacios geográficamente definidos los esfuerzos de diversos agentes de los sectores público y privado en acciones que impulsen el desarrollo de actividades económicas más productivas” y en regiones con menores niveles de ingresos del país.
“Esta última situación es particularmente relevante en el sur del país, donde se ubican las tres entidades más rezagadas en términos de desarrollo económico y bienestar social, por lo que las actividades de Zonas Económicas Especiales comprende, en un principio, fomentar la instalación de Cuatro Zonas ubicadas en Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas; Puerto Salina Cruz y Puerto Coatzacoalcos, estas dos últimas en el corredor del Itsmo de Tehuantepec”, agrega Banobras.
Para los investigadores de PODER, sin embargo, por la manera en la que se ha aplicado la Reforma Energética, sin consulta a diferentes comunidades, “es fácil predecir” que las ZEE generarán consecuencias negativas.
“Además de las implicaciones político administrativas que subyacen en este reordenamiento territorial para impulsar proyectos industriales y energéticos en zonas identificadas con alto grado de marginalidad, es importante analizar los posibles impactos ambientales, sociales y culturales derivados de esta estrategia”, dice el texto.
“No se especifican mecanismos de resolución de conflictos o reparación de daños en caso de que se lleguen a desarrollar ciertos proyectos que involucren un alto consumo de recursos naturales y/o despojo de tierras cuyo fin sea agropecuario, de vivienda o autoconsumo. Tampoco se consideran mecanismos de salvaguarda de los derechos fundamentales de las y los pobladores de estas zonas cuya vida será afectada por la decisión de los tres niveles de gobierno y sus socios empresariales (…) Si a este panorama sumamos la grave crisis de derechos humanos y la rampante corrupción que se vive en el país, las consecuencias son más que evidentes”, agrega el artículo.
Poder advierte también sobre la instalación de una “ventanilla única” para trámites de permisos y licencias de todas las empresas que quieran instalarse en las ZEE y que, de acuerdo con los analistas, “tiene por objetivo facilitar trámites a las empresas, pero no contempla un espacio para que la ciudadanía exprese su opinión, ni obtenga información”.
Y, por estas relaciones, dice Enrique Díaz Infante, director del programa del Sector Financiero del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), es que “preocupan” los potenciales conflictos de interés entre quienes diseñan las proyectos para las ZEE y las empresas que, en el futuro, pueden beneficiarse de ellos.
“Lo que preocupa es que pudiera haber un mal uso de la información privilegiada o conflicto de intereses involucrado, y eso sólo se podrá revelar posteriormente”, comentó Díaz-Enriquez. “Es como si diseñas la ZEE y, después, se asignan los contratos para la construcción a una empresa relacionada contigo”, agregó el investigador, que analiza la participación de Evercore en la generación de deuda pública en las entidades.
Luego de una petición de información, Banobras declinó revelar los diagnósticos, proyectos y demás datos generados por las consultoras privadas para el diseño de las ZEE.
“La información relativa a doce documentos correspondientes a cuatro estudios de prefactibilidad, cuatro proyectos de dictamen y cuatro informes de resultados de auscultación y relación de potenciales administradores integrales e inversionistas fue clasificada como reservada por un término de cinco años, y hasta en tanto concluya el proceso deliberativo, por tratarse de información que se encuentra directamente relacionada con la tomad de decisiones y teniendo en cuenta que su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación”, respondió Banobras.
“La divulgación de la información solicitada (…) previo a la deliberación y adopción de decisiones definitivas, pudiera, entre otros: a) afectar las negociaciones e incrementar los costos de adquisición de los inmuebles donde se pretenden instalar las ‘secciones’ de Zona en predios federales, así como generar un proceso especulativo en el ‘polígono más amplio’ donde se pudieran desarrollar otras ‘secciones’ en propiedad privada y en sus respectivas áreas de influencia”, agregó el banco.
En su análisis, los investigadores de Poder encuentran también que la dirección misma de las nuevas ZEE es un ejemplo “clásico” de uso de la “puerta giratoria” por la que empresarios transitan al sector público y viceversa.
LA PUERTA GIRATORIA
Las ZEE, de acuerdo con el plan anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2015, incluye para la construcción de al menos dos gasoductos en la región del sureste.
“Se construirán importantes proyectos de comunicaciones e infraestructura energética, que eleven la competitividad de las Zonas, incluyendo, aquí sólo señaló algunos de estos proyectos de infraestructura, el Gasoducto Transoceánico, y el Gasoducto de Salina Cruz a Puerto Chiapas, y de aquí, a Guatemala”, dijo Peña Nieto.
“Con estos programas y proyectos se creará un entorno positivo para atraer más inversiones generadoras de empleo, para consolidar cadenas globales de alto valor agregado en la región, y para multiplicar la demanda de productos y servicios locales”, agregó entonces.
El año siguiente, el diseño para planear, coordinar y controlar las ZEE fue asignado por el Gobierno federal a un grupo de empresas en las que participan las consultoras Evercore –propiedad del ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe– y ADhoc, de Aarón Dychter Poltolarek, ex subsecretario de Transportes y también integrante del Consejo de Administración de Infraestructura Energética Nova, o IENOVA.
Evercore, además, tiene desde 2012 inversiones en la empresa Diavaz, contratista de Petróleos Mexicanos y que, en diciembre de 2015, también obtuvo dos contratos subastados durante la Ronda Uno de la Reforma Energética para explotar dos campos petroleros terrestres; uno en Tamaulipas y el otro en Chiapas.
Y, por estas relaciones, dice Enrique Díaz Infante, director del programa del Sector Financiero del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), es que “preocupan” los potenciales conflictos de interés entre quienes diseñan las proyectos para las ZEE y las empresas que, en el futuro, pueden beneficiarse de ellos.
“Lo que preocupa es que pudiera haber un mal uso de la información privilegiada o conflicto de intereses involucrado, y eso sólo se podrá revelar posteriormente”, comentó Díaz-Enriquez. “Es como si diseñas la ZEE y, después, se asignan los contratos para la construcción a una empresa relacionada contigo”, agregó el investigador, que analiza la participación de Evercore en la generación de deuda pública en las entidades.
Luego de una petición de información, Banobras declinó revelar los diagnósticos, proyectos y demás datos generados por las consultoras privadas para el diseño de las ZEE.
“La información relativa a doce documentos correspondientes a cuatro estudios de prefactibilidad, cuatro proyectos de dictamen y cuatro informes de resultados de auscultación y relación de potenciales administradores integrales e inversionistas fue clasificada como reservada por un término de cinco años, y hasta en tanto concluya el proceso deliberativo, por tratarse de información que se encuentra directamente relacionada con la tomad de decisiones y teniendo en cuenta que su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación”, respondió Banobras.
“La divulgación de la información solicitada (…) previo a la deliberación y adopción de decisiones definitivas, pudiera, entre otros: a) afectar las negociaciones e incrementar los costos de adquisición de los inmuebles donde se pretenden instalar las ‘secciones’ de Zona en predios federales, así como generar un proceso especulativo en el ‘polígono más amplio’ donde se pudieran desarrollar otras ‘secciones’ en propiedad privada y en sus respectivas áreas de influencia”, agregó el banco.
En su análisis, los investigadores de Poder encuentran también que la dirección misma de las nuevas ZEE es un ejemplo “clásico” de uso de la “puerta giratoria” por la que empresarios transitan al sector público y viceversa.
Esto, observan, debido al nombramiento Gerardo Gutiérrez Candiani, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como nuevo titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, creada también el año pasado como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“En el caso de las ZEE en México, la puerta giratoria se da en el nivel más alto e implica el nombramiento desde el Presidente de la República a empresarios como funcionarios públicos, pero también las atribuciones que otorga la ley para que los empresarios tomen decisiones sobre políticas públicas, o que las políticas de responsabilidad social empresarial pasen a ser parte de la política pública”, dicen en el artículo.
“Hay muchas razones para creer que es una política a modo para las empresas y, además, empresas asociadas a la Reforma Energética”, concluye Pineda en entrevista.
PRIVATIZAR EL TERRITORIO
El artículo 33 de la nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales permite, de acuerdo con investigadores de Poder, nuevas modalidades de control territorial a entidades privadas, ya que permite que el “administrador general” de cada polígono pueda:
–Operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán prestarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.
–Formular las reglas de operación de la Zona, las cuales deberán incluir, entre otros aspectos, los horarios de la Zona; regulación de las áreas de uso común; control y acceso de tránsito de personas y bienes; intercambio de información entre los Inversionistas y el Administrador Integral; programación de instalación de Inversionistas; manejo de cargas y medidas para la prevención de accidentes.
Este artículo apareció el domingo 19 de marzo 2017 en Sin Embargo.