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La empresa que administra el Fideicomiso del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal para pagar los proyectos de inversión que contrató el exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, sumó como clientes a los gobiernos Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Nuevo León, reveló Enrique Díaz – Infante Chapa, director del Programa Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
A través de un video, subido en la red social Youtube, el analista anuncia amparos ciudadanos para combatir el esquema de “deuda oculta” en estos estados del país, incluido Puebla, contrataron en los últimos años.
Previamente, en entrevista con el periódico Reforma señaló a la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuyo titular es David Villanueva Lomelí, de no reportar este “fraude” a la federación.
En el video titulado “Endeudamiento oculto en Puebla”, Díaz Infante Chapa revela que en una revisión hecha al portal de Evercore se confirmó que tiene como clientes a gobiernos estatales con los que utiliza el mismo esquema.
Sostiene que este banco de inversión domina en el “mercado de endeudamiento oculto” a nivel estatal.
Subrayó que 22 de los 32 estados del país tienen esquemas similares, los cuales reformaron sus leyes para no considerar los proyectos de inversión como “deuda”.
“Establecen lo mismo en sus leyes de ingresos, en sus leyes de adquisiciones y prestación de servicios y de obra pública. Lo que nos da una idea de que están queriendo ocultar detrás de un proyecto de inversión un endeudamiento”.
Propone CEEY el amparo para combatir el endeudamiento
Bajo el argumento de que el endeudamiento oculto avalado por las legislaturas estatales es anticonstitucional, Enrique Díaz – Infante, manifestó que una de las alternativas de defensa que tiene el contribuyente y la sociedad civil en general es la presentación de amparos.
“Toda esta deuda es anticonstitucional en términos del artículo 117 que establece que debe ser aprobada por una mayoría calificada de los Congresos. Si se da el aval del gobierno federal a los convenios de refinanciamiento de estas deudas, nos apararemos”.
Manifestó que pedirán a la ASF que se fiscalicen a fondo los fideicomisos y esquemas de deuda oculta y si no se hace se presentarán los procedimientos jurídicos al sostener que los ciudadanos tienen acreditado su interés legal en el tema.
Lamentó que los Congresos estatales se excusen de su responsabilidad de fiscalizar los proyectos de inversión al no considerarlos deuda.
CEEY usa a Puebla como ejemplo de deuda oculta
En la explicación del CEEY sobre la deuda oculta de los estados pone como ejemplo el caso de Puebla, donde se construyeron a través del esquema de Proyectos de Inversión el Centro Integral de Servicios (CIS), el Museo Internacional Barroco (MIB) y la plataforma de la armadora de lujo Audi.
“Este nuevo esquema de endeudamiento oculto funciona a través de fideicomisos privados y de asociaciones público privadas. El gobierno le da un contrato de construcción de un particular. Posteriormente, y aquí está la deuda oculta, se celebra un contrato de prestación de servicios para la administración y operación del inmueble”.
Con gráficos en los que aparece el logotipo del sexenio anterior, Enrique Díaz – Infante destaca que los contratos se firman a 15, 20 y 25 años, por lo que el estado se convierte en deudor del constructor administra el inmueble.
“Los estados no revelan en sus balances esta deuda porque las ocultan a través de Proyectos de Inversión y en sus Leyes estatales de deuda establecen que los PI no son deuda”.
Sostiene que en el caso de Puebla, Evercore administra el Fideicomiso del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como ISN, para pagar a los prestadores de servicios, sin embargo, manifestó que en otros estados también se comprometen los recursos del impuesto predial o del pago de multas.
“El dinero se va al patrimonio de este fideicomiso que sirve como fuente de pago de estos contratos de obra y de la administración de los mismos en el tiempo”.
El 7 de febrero, el actual secretario de Finanzas y Administración, Raúl Sánchez Kobashi, reconoció que el gobierno Rafael Moreno Valle Rosas heredó a su sucesor José Antonio Gali Fayad deuda y “obligaciones financieras” por 23 mil 097 millones de pesos, en las que se incluye la plataforma de Audi por más de 8 mil millones de pesos, obra construida bajo el esquema de Proyectos de Inversión (PI).
En rueda de prensa, subrayó que la única obra en el estado que genera un “compromiso financiero”, sin llamarlo propiamente “deuda”, es la plataforma de Audi, mientras que el CIS y el MIB son Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) que no son considerados “deuda”, debido a que son “presupuestados como gasto corriente”.
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La ASE fue omisa al no reportar la deuda oculta
Este lunes, en su nota principal el periódico Reforma publicó una entrevista con Enrique Díaz – Infante Chapa en la que señala que la ASE fue omisa al no reportar a la federación el esquema de deuda oculta que hay en Puebla.
El analista financiero sostuvo que la ASE falló al no denunciar el uso de recursos públicos para obras con sobrecostos, las cuáles terminaron beneficiando a servidores públicos.
Subrayó que esta manera de actuar fue “negligente” por no denunciar las malas prácticas financieras en el estado, ni fincar responsabilidades en contra del exmandatario poblano.
En la nota publicada por el rotativo nacional manifestó que otros estados con este esquema son el de México, Nuevo León, Veracruz, Sonora, Quintana Roo y Coahuila
Este artículo apareció el lunes 01 de mayo 2017 en ePuebla.