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El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF) refleja el reducido espacio fiscal que tienen las finanzas públicas. Por eso Hacienda ha empezado a hablar de la posibilidad de hacer una Reforma Fiscal para el 2020 que aumente los ingresos. Y no hay de otra. Si este gobierno quiere gastar más, debe hacerlo vía impuestos y no a través de más deuda o recortando irresponsablemente programas. Al respecto, una pregunta relevante sería ¿para qué más dinero?
El PEF, si bien pretende mantener la estabilidad de las finanzas públicas, es reducido (23.2 del PIB) y no alcanza. Es positivo en cuanto que busca un superávit fiscal de 0.7 por ciento del PIB y contener la deuda del sector público en niveles similares a los del año anterior (45% del PIB). Los ingresos tributarios-recurrentes (ISR, IVA y IEPS) que financiarán el Presupuesto son de apenas 13.3%. Como referencia, el ingreso tributario y el gasto público promedio de los países de la OCDE es de 34% del PIB.
Así, dados los exiguos ingresos y lo comprometido del gasto, la inversión en capital humano y físico estará muy por debajo de lo requerido para avanzar el crecimiento. El gasto en estos rubros seguirá siendo -como en los últimos años del gobierno de Peña Nieto- de alrededor de 2.5% del PIB en salud, 5.1% en educación y 2.9% en Infraestructura. El gasto en pensiones, en cambio, se elevará considerablemente -a costas de los tres rubros anteriores- al pasar de 3.4% a 4.1% del PIB (http://bit.ly/2ILyiV0). Esta distribución del gasto público tendrá posibles impactos negativos en movilidad social, pero positivos en lo electoral, a favor de Morena.
A falta de recursos, la 4T pretende generar crecimiento a través de elevar la magra inversión en infraestructura mediante Asociaciones Público Privadas (APP) financiadas por el sector privado. Si bien positivo, habrá que ver la estructura, costo y el impacto presupuestal diferido que pudieran tener estas APPs para determinar que tanto efectivamente ayudarán al crecimiento. Y es que, al ser muchas de éstas deuda oculta, sin una Reforma Fiscal, para su pago pudieran –como sucedió en el sexenio anterior- quitarle recursos a la inversión en capital humano.
Por otra parte, es importante destacar el uso que el gobierno le está dando al gasto público para favorecer el proyecto de concentración de poder de AMLO. Le está quitando recursos a los órganos autónomos, que le son contrapeso, para destinarlo a sus programas sociales clientelares. De estas reducciones, preocupa especialmente la que se está haciendo al gasto operativo del INE, lo cual pudiera afectar la capacidad organizacional en las elecciones de 2021 y la confiabilidad del resultado.
En relación al clientelismo, inquieta el gasto social que este gobierno está destinado a los programas del Presidente. A diferencia del hoy desaparecido Prospera –por cierto, reconocido por los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año por su diseño con enfoque intergeneracional- los programas de este gobierno son de índole asistencialista y difícilmente tendrán impacto positivo en movilidad social. Esto, en razón de que debilitan la condicionalidad de los apoyos y son de índole universal, dejando de focalizarse en los grupos más necesitados.
En suma, que el PEF es positivo en cuanto a que trata de mantener la estabilidad fiscal, pero es reducido en monto y refleja la urgente necesidad de realizar una Reforma Hacendaria que aumente el espacio fiscal. El dilema, sin embargo, es sobre la conveniencia de darle más dinero a un gobierno que lo mal gasta buscando consolidar un proyecto de concentración de poder. La respuesta, creo, no pasa por oponerse al cobro de más impuestos, sino por señalar su mal uso, proponer mejores formas de gastarlo y concentrarse en recuperar el Congreso en el 2020. Sólo así se podrá mejorar el uso del PEF a través de, entre otras, impulsar políticas que promuevan el crecimiento incluyente con movilidad social.
Este artículo se publicó en Reforma
