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Una de las reformas que debe realizar México es la de pensiones, pero en esta época electoral no debería considerar regresar a un sistema de reparto como se tuvo en el pasado, pues no sería sostenible, indicó Monika Queisser, directora de división en política social de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“En este periodo electoral se debe analizar lo que se tuvo en el pasado, no se puede regresar a sistemas de pensiones públicos de reparto (…) No sería un sistema realista”, dijo al participar en el panel El Reto de las Pensiones y un Mercado Laboral más Inclusivo.
En el Foro OCDE México 2018: Un Futuro con Crecimiento e Inclusión, recordó que ante un alto crecimiento de la población de la tercera edad y la esperanza de vida, sería difícil pensar en un sistema de pensiones de beneficio definido.
Junto con otros expertos en la materia, coincidió en que para mejorar el sistema de pensiones y hacerlo más sostenible es necesario que se realice una reforma que venga acompañada de otros cambios en aspectos laborales y fiscales.
“La informalidad es el principal reto que enfrenta México, pues alrededor del 60% de su población se encuentra fuera de la formalidad, por lo que no contribuye a la seguridad social”, expuso.
Refirió que México tiene niveles de informalidad más altos que en países como Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina. “En 2005, México registró una ligera reducción de la informalidad, pero no se ha vuelto a percibir algo significativo a la baja. Entonces, vemos que se tienen que hacer replanteamientos en materia laboral para que más gente ahorre para su pensión”.
Mencionó que la situación empeora al observar que las mujeres que se ubican entre 19 y 24 años de edad se concentran en la informalidad laboral, y las que sí están en la formalidad, a partir de los 25 años dejan de cotizar por cuestiones familiares, con lo que no tienen una constante aportación a su ahorro del retiro.
Enrique Díaz-Infante, director del programa de sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), agregó que, en materia fiscal, actualmente existe una presión sobre las finanzas públicas por el pago a pensiones y jubilaciones que se realiza cada año.
“La de pensiones es la reforma pendiente desde hace muchos años. Se destina 3% del PIB al pago de pensiones y para 2025 será de 4.5% del PIB. Esto significa que dejaremos de destinar recursos a salud, educación e inversión para destinarlo a las pensiones, lo cual no es positivo”.
Expuso que la reforma en pensiones debe delinear claramente cómo se sostendrá el gasto de pensiones con los recursos del erario público. “Si incrementas la formalidad, hay más gente pagando impuestos, y por tanto tienes más recursos para repartirlos equitativamente entre pensiones, salud, educación e inversión”.
INCENTIVOS A LAS EMPRESAS
Desde la perspectiva empresarial, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial comentó que la respuesta para terminar con la informalidad es hacer un país más productivo y ello se genera dando incentivos fiscales a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas.
“Si vemos por estado, en Nuevo León el 80% de la población es formal; mientras que en Chiapas ese mismo porcentaje lo representa la informalidad. Entonces vemos que es una cuestión que se debe resolver desde la óptica de la productividad y el incentivo laboral”.
Criticó que acciones como la que se hizo en la reforma del 2013 de limitar las deducciones a las aportaciones de ahorro a los planes privados de pensiones afectó a los trabajadores, pues a las empresas les dejó de interesar ofrecer estos planes.
Al respecto, el integrante del CEEY añadió que una de las soluciones que pueden acabar con la formalidad es que no sea muy costoso para las empresas ofrecer prestaciones como la vivienda.
Finalmente, Carlos Noriega, director general de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) concluyó que ya no se debe seguir teniendo un sistema de pensiones que sólo privilegia a unos cuantos, “se debe buscar un sistema más homogéneo”.
Este artículo apareció el lunes 12 de marzo 2018 en El Economista.