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Enrique Díaz-Infante Chapa*
La semana pasada se presentó el Paquete Económico 2023 que contiene los Criterios Generales de Política Económica, el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos (PPEF) del próximo año. El mismo es muy cuestionable por optimista en sus premisas de crecimiento y recaudación, por el mal gasto que propone para financiar proyectos ineficientes para el desarrollo del país y por fondearse mediante terrorismo fiscal y más deuda. También lo es por estar diseñado para satisfacer a clientelas electorales y a los militares y por el limitado impacto positivo –que en el mejor de los casos- tendrá en crecimiento y en movilidad social.
El Paquete Económico se construyó sobre premisas un tanto irreales a fin de justificar un gasto de 8.3 billones de pesos (1.1 billones de pesos más que lo presupuestado el año anterior). Para poder pagar ese monto, estima un crecimiento del PIB de hasta 3%, una inflación de 3.2% al cierre de 2023, un tipo de cambio de $20.60 por dólar, una tasa de interés de 8.5% a final de año y un precio del barril de petróleo de USD $68.7. El consenso del mercado ubica el crecimiento en 1.5%, la inflación en 5%, el tipo de cambio en $21.50 por dólar y la tasa de interés en 9.5%.
Este optimismo permite al gobierno estimar ingresos no petroleros por 5.8 billones de pesos, petroleros por 1.3 billones de pesos y limitar la contratación de deuda a 1.2 billones de pesos. El monto de ingresos prevé sean superiores en 1.3 billones al programado hace un año y pretende alcanzarlo sin subir impuestos, con mayor eficiencia tributaria (terrorismo fiscal) y aumentando la deuda. Considera que al crecer más la economía aumentarán los ingresos por ISR, IVA y IEPS. Y como crecerá la economía, el Gobierno considera que la deuda se mantendrá en niveles de 49% del PIB.
Con base en el optimismo anterior, es que se presupuesta un mayor gasto en capital humano (educación y salud) lo cual –bien aplicado- pudiera ser positivo para la movilidad social. El gasto en educación asciende a un billón 18 mil 571 mdp (12.3% del gasto neto total), sería 4.5% mayor que el monto aprobado para 2022, y equivalente a 0.04 puntos más del PIB. El Paquete Económico 2023 propone un aumento de 4.2% al Sistema De Salud (36 mil 168 mdp más que en 2022) con lo que alcanzaría 892 mil 849 mdp equivalentes a 2.84% del PIB y a 10.8% del gasto neto total.
El PPEF 2023 propone un total de 829 mil 760.1 mdp para el gasto en infraestructura. La prioridad es a favor de la energía sucia, entiéndase PEMEX y CFE (59.2%) y en comunicaciones y transportes (26.1%). El gasto en este último rubro es de $236 mil 130 millones de pesos de los cuales el Tren Maya, de beneficio mayoritariamente militar, se llevará el 70% del mismo. Los verde-olivo están construyendo los tramos 5, 6 y 7 y los ingresos que deje, servirán para pagar los fondos de pensiones de la Secretaría de la Defensa.
El gasto en pensiones pasará de $456 mil millones a $600 mil millones de pesos. Esto es, 26% más que en 2022. Lo preocupante de este aumento es el impacto negativo que pudiera tener en movilidad social. El gasto en pensiones ha pasado de representar 3.7% del PIB en 2017 a 5.2% en 2022 y el CIEP estima que será de 6.5% del PIB. Desde el sexenio pasado, y en lo que va de este, en ausencia de mayores ingresos tributarios, el pago de las pensiones –de alto rendimiento electoral- se ha fondeado recortando el gasto en salud, educación e infraestructura en perjuicio del crecimiento incluyente.
En suma, el Paquete Económico 2023 pudiera impulsar marginalmente la movilidad social en razón del mayor gasto en capital humano, pero dado que su prioridad está puesta en beneficiar a las clientelas electorales y a los militares, luce esencialmente malo para el desarrollo del país.
*Director de Sistema Financiero del CEEY. Artículo con apoyo de Edgar Pérez Medina. Twitter: @ediazinfante. Correo: enrique.diazinfante@ceey.org.mx. Columna publicada originalmente en Reforma el 14 de septiembre de 2022.
Foto: El Economista