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El informe que dio a conocer la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2019 –polémica aparte por los otros datos y el enojo presidencial–, ofreció un panorama muy preciso de lo que la actual administración federal representa en términos de eficiencia, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción.
De acuerdo a los investigadores consultados, este gobierno no aprueba en dichas asignaturas y mantiene una continuidad con administraciones anteriores en lo que a irregularidades respecta.
Siempre entrevistó a Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y a Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), quienes compartieron con nuestros lectores su evaluación del trabajo de la ASF y el impacto que este tiene en la vida nacional.
Actos irregulares
“Los hallazgos de la auditoria, porque en el caso del cálculo de los costos del aeropuerto es una estimación no un hallazgo, que se presentan en los informes individuales muestran los esquemas con los cuales se demuestra o hay evidencias suficientes del uso irregular de los recursos públicos; siempre desde MCCI señalamos que detrás de cada peso que reporta la Auditoría hay un acto irregular de un funcionario público”, señala Leonardo Núñez de MCCI.
En la entrevista apuntó que se trata de cifras monumentales las que detectó la ASF.
“Tenemos una cifra que supera los 100 mil millones de pesos de observaciones de actos irregulares, sobre lo que hay que hacer un par de acotaciones: hay 55 mil millones de pesos de los 100 mil que se observaron que están pendientes de aclaración, es decir, la ASF encontró irregularidades y la autoridad tiene la oportunidad de demostrar que no es así y hay otros 45 mil millones de pesos que se presumen son daños a la nación, a la hacienda pública, porque representan recursos importantes, porque si sumamos esos 100 mil millones de pesos representan más del presupuesto total del Insabi, que es de alrededor de 89 mil millones de pesos, es decir que esta cantidad es suficiente para cubrir el presupuesto del Insabi y todavía sobrarían recursos para pagar el presupuesto de todas las dependencias encargadas del combate a la corrupción”.
No somos iguales
Pese a la reiterada afirmación presidencial de que “no somos iguales” que gobiernos anteriores, en lo que sí se parece a sus antecesores es en que se mantienen cifras similares de irregularidades, como ejemplifica nuestro entrevistado.
“Hay dos formas de verlo, uno, con la cantidad total de recursos que aparecen en las auditorias, que son estos 100 mil millones, si lo comparamos con años anteriores encontraremos que esta no es la observación más alta en la historia de las auditorías, si lo comparamos con el sexenio de Peña Nieto esta cantidad solamente está por arriba de la de 2015, en el resto de años del pasado sexenio tuvimos una cantidad superior, de hecho el promedio de observaciones con Peña Nieto está alrededor de 174 mil millones de pesos, entonces en ese primer elemento de contraste, no es la observación más alta, pero donde si tenemos una anomalía o un récord en cierto sentido, es en que porcentaje de estas observaciones quedan pendientes de ser aclaradas o ser recuperadas; si volteamos a ver el sexenio de Peña Nieto, la cifra más preocupante es la de 2018 cuando 4.2 por ciento de las observaciones que hizo la ASF, hoy siguen sin ser subsanadas, es decir, siguen sin aclararse o recuperarse; de 2019, de lo que encontró la ASF quedan el 98.1 por ciento de los recursos pendientes de ser aclarados o ser recuperados y esa cifra en términos porcentuales sí es la más alta de la que se tenga registro, antes la cifra más alta era 2018 con 86.2 por ciento, hoy todavía no han sido aclarados, explicados o devueltos, en este sentido no solamente estamos ante la continuidad con el pasado sino con un adelanto de las justificaciones del gobierno que dice que tiene otros datos, pero si esos datos no tienen forma de comprobación o que desmienta los hallazgos de la Auditoría estaremos en un terreno muy peligroso”.
La impunidad
Otro de los temas que se presentó en la entrevista, es el que tiene que ver con la impunidad de aquellos servidores públicos que son señalados por irregularidades, pero que no llegan a enfrentar ningún proceso legal en su contra. Las cifras son preocupantes, como destaca Leonardo Núñez.
“Hay varias medidas de la impunidad en el pasado que nos permiten ver como se van a comportar esos elementos en este momento. Uno son las denuncias de hechos que presenta la ASF ante la FGR, y de las poco más de mil denuncias que ha hecho ante la Fiscalía, sólo poco más de 22 han concluido en sentencia en los 20 años de historia de la ASF, entonces tenemos una herencia de impunidad que recae en la FGR, en este momento no se han presentado de denuncias de hechos, eso vendrá más adelante, pero ahí tendremos un primer indicador; el otro indicador, es la cifra que mencionamos de observaciones que quedan ahí en el limbo y persiste la impunidad, en el sexenio anterior fue en promedio mayor al 50 por ciento”.
Finalmente, la evaluación que Leonardo Núñez hace de la labor de combate a la corrupción muestra que aún falta mucho por hacer a pesar del discurso triunfalista que asegura que ésta ya se acabó.
“Es uno de los puntos principales de la cuenta pública y del trabajo de la ASF, que el combate a la corrupción siempre es una tarea que permanece en constante movimiento porque nunca hay una victoria definitiva, además que nos muestra que el combate a la corrupción en la presente administración tiene una serie de dolencias y en algunos casos específicos de francos fracasos, es el caso de muchos de los fenómenos que están documentados que no debería pasar en una administración que ha colocado al combate a la corrupción en el centro de su discurso, desde las irregularidades de como operan los servidores de la nación, los programas sociales y deficiencias que han quedado documentadas, lo que vemos es un combate a la corrupción que es muy bueno en el discurso, pero no pasa una verificación por una institución independiente”.