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En la legislatura que concluye, se conformó un Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria (GTTH) en el que participaron diputados de Morena, PRI, PAN y PT, representantes de la academia, diferentes organismos públicos y de la sociedad civil –incluido el CEEY- para discutir los requerimientos de gasto en general, de salud, de educación y del sistema de cuidados. Esto, con miras a determinar la cantidad de recursos que debería buscar una Reforma Hacendaria de acuerdo con las necesidades del país. Por razones de espacio, aquí sólo hablaré del problema pensionario: una bomba de tiempo.
El problema de pensiones, de acuerdo con cálculos del Act. Francisco Miguel Aguirre, en su libro Pensiones y ¿Con qué? (https://bit.ly/3yVXAb9) equivalía en 2015 a un monto del 120% del PIB. Esta deuda ha crecido de entonces a la fecha con las reformas que se han hecho en el sexenio para ampliar la cobertura y monto. En 2017 se gastaron anualmente 3.4% del PIB en pensiones y para el 2021 gastaremos 5.2%, según cálculos del CIEP.
Para avanzar en el objetivo de asegurar una vejez sin pobreza se comentó en el GTTH que se deben revisar parámetros claves como la edad de jubilación (65 años) conforme al aumento en la expectativa de vida. Mientras más se postergue el retiro mayor ahorro se acumula y mayor el monto de la pensión. También se comentó que se debe limitar la facilidad actual para realizar retiros de la Afore. Actualmente el ahorro para el retiro está sirviendo como seguro de desempleo, lo cual está abonando para tener viejos pobres. Reforma reportó que 2020, se retiraron 20 mil 216 millones de pesos por desempleo (https://bit.ly/3sp22wt).
Para aumentar la cobertura de las pensiones, se habló de la necesidad de introducir un esquema obligatorio de aportaciones por parte de todos los empleados y autoempleados. Una cuestión fundamental que también se señaló es sobre la necesidad de limitar el gasto en las pensiones de beneficio definido (Pensionados PEMEX, CFE -previo a las reformas de 2008 de sus sistemas de pensiones- y generación de transición). Este es un tema que debe trabajarse de la mano de la Corte, porque los beneficiarios argumentan que las pensiones son “derechos adquiridos”, lo cual es una verdadera injusticia intergeneracional.
Se insistió sobre la necesidad de fomentar la cultura del ahorro voluntario dentro y fuera del sistema de pensiones. Esta educación financiera –se dijo- debe venir acompañada también de incentivos fiscales. Coincido. Finalmente, también se habló de la necesidad de establecer un sistema nacional de pensiones que permita coordinar los sistemas de pensiones a nivel subnacional y los de las universidades. Esto ayudaría a resolver los problemas de fragmentación.
En el tema pensionario, el CEEY presentó una propuesta que retoma la desarrollada en “El México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar” para brindar a los mexicanos un Sistema de Seguridad Social Universal (SSSU) agregando además un componente de cuidados (https://bit.ly/2XfECy1). Así, el sistema de seguridad social universal cubriría a toda la población con salud similar a la del IMSS y con una pensión mínima de dos salarios mínimos. El sistema de cuidados público se enfocaría en cuidar a menores de 6 años cuya atención –por lo general y en forma injusta- queda a cargo de las mujeres, impidiéndoles integrarse al mercado laboral.
Con cifras a 2017, el SSSU costaría 2.4% del PIB adicionales a los 2.6% que a 2018 se gastaba en seguridad social. La incorporación de ellas al mundo del trabajo formal por sí misma generaría crecimiento incluyente con movilidad social y los ingresos tributarios para financiar el sistema de cuidados. En el CEEY estamos en proceso de actualizar estas cifras.
Esperemos que las conclusiones del GTTH sean retomadas por la legislatura entrante para impulsar el valor de la equidad a través de una reforma al sistema de seguridad social para universalizarla de la mano de una al sistema hacendario que la haga sostenible.